Explotación minera en Panamá genera inestabilidad social y ambiental

15 March 2012

Aunque esta vez Panamá es el país protagonista de un nuevo capítulo conflictivo originado por la actividad de explotación minera, ya acontecido en países como Perú, Guatemala y Costa Rica, este hecho nuevamente evidencia la frágil línea que divide a las actividades productivas de los impactos ambientales.

Mientras los líderes de la etnia Ngäbe Buglé rechazan la explotación del yacimiento de Cerro Colorado, valorado en US $33 mil millones en cobre, en Donoso, provincia de Colón, avanza el desarrollo de otra mina de cobre, la de Minera Panamá, S.A. y Petaquilla Gold, S.A.

Tanto Petaquilla Gold S.A como Minera Panamá, S.A. han asegurado que darán al Estado panameño un 2% de regalías sobre sus ganancias, y como cualquier compañía que opera legalmente en Panamá, cancelarían sus impuestos, salarios y harían las compras necesarias para su operación. Además, afirman que a diferencia de otras empresas, las mineras se convertirían en apuestas casi seguras de riqueza para sus accionistas.

A partir del año 2010, Petaquilla Gold, S.A. se ha transformado en el mayor exportador de bienes en Panamá, incluso por encima de los agroexportadores, logrando extraer 3.000 toneladas de oro por día, proyectando alcanzar las 5.000 toneladas.

En la actualidad, el 2% que recibe el Estado se convierte en un supuesto legal debido a que cuando Petaquilla Gold S.A. inició sus operaciones en el 2010, se amparó bajo la redacción del último Código de Recursos Minerales, que data de la década de los sesenta.

En el caso de la Minera Panamá, S.A., el presidente enfatizó que cumplirán lo requerido por la ley, con una posibilidad de extraer en unos 30 años, 300 mil toneladas de cobre anuales, facturando US$ 2.000 millones al año y darían al Estado panameño alrededor de US$ 40 millones.

Lo que resulta cuestionable en este caso es que si Petaquilla, S.A. explota un mineral que cada día se encarece más, el oro, y Minera Panamá, S.A. por el gran volumen de cobre que yace en Donoso, tienen ganancias cada vez mayores, el 2% por concepto de regalías al Estado parece no ser la opción más viable.

Oposición a las iniciativas

El establecimiento y avance de las operaciones mineras a cielo abierto podría tener a mediano y largo plazo serias consecuencias para el país, tanto en lo económico como en lo ambiental y social. Lo anterior ha generado un proceso de oposición por parte de diversos actores de la sociedad civil, quienes tienen una lucha abierta contra el gobierno de Martinelli.

Los líderes de la comarca Ngäbe-Buglé se oponen a la explotación del Cerro Colorado debido a que el gobierno había adquirido el compromiso de cambiar la ley minera respetando la zona como libre de minería e hidroeléctricas. A pesar de ello, en la Asamblea Nacional, los diputados eliminaron el artículo 5, del texto de la Ley 415 referente a ese asunto.

Esto ha ocasionado una serie de protestas por parte de los indígenas Ngäbe Buglé, incluyendo el cierre de la carretera interamericana para exigir que se prohíba la minería y la explotación de recursos hídricos en sus territorios ancestrales. Naciones Unidas ofreció mediar el conflicto, sin embargo, el proceso se ha estancado en los últimos días en medio de acusaciones mutuas sobre falta de voluntad para llegar a un acuerdo.

Después de las movilizaciones realizadas en 2011 y 2012 por los indígenas Ngöbe-Buglé, el proyecto minero, localizado en el distrito de Tonosí, de 4.893 hectáreas, recobró interés por los empresarios. En el año 1997, la iniciativa económica fue suspendida a causa de un levantamiento popular, que incluyó el bloqueo de carreteras y manifestaciones anti-mineras. En  2008 el Consejo Municipal de Tonosí declaró al municipio libre de minería, pero grupos empresariales decidieron retomarlo.

Aunado a ello, las provincias centrales de Los Santos y Herrera rechazan el inicio de operaciones del proyecto minero en el Cerro Quema, ya que consideran que amenaza la riqueza hídrica y el abastecimiento de aguas en zonas rurales.

Reportaje de ICTSD y CINPE; fuentes consultadas:

Gobierno no cumple acuerdo (08 de marzo, 2012), La Estrella; Indígenas panameños protestan contra la minería en sus territorios (31 de enero, 2012), La Nación; Sociedad civil rechaza la minería en región central de Panamá (06 de marzo, 2012), El País.

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