Una ocasión más, ministros, delegados y sociedad civil de todas las latitudes se encuentran para tratar de llegar a soluciones multilaterales para combatir el cambio climático. Esta vez es Durban, Sudáfrica el escenario donde hasta el próximo 9 de diciembre se podría decidir parte del futuro de la relación del hombre con su entorno natural.

Un nuevo periodo vinculatorio para el Protocolo de Kioto, cuya vigencia concluye en 2012, la activación de fondos en el marco del Fondo Climático Verde, el análisis de medidas de respuesta y controvertidos compromisos de reducción de emisiones tanto por parte de países desarrollados como de las principales economías emergentes conforman la agenda política y técnica por demás compleja y sensible de la diplomacia del cambio climático.

Puentes, en su afán de propiciar una mejor comprensión de la relación entre comercio y cambio climático, pero también de las implicaciones más amplias de estas negociaciones internacionales, les presenta una edición especial con algunos artículos puntuales sobre algunos de los aspectos del programa de la Conferencia de las Partes (COP) de este año.

Iniciamos así con una contribución sobre lo que está en juego en Durban de Mariano Quirós Morales, quien además hace un repaso muy útil sobre las diferentes posiciones de los actores clave en estos debates a fin de aclarar el juego político detrás de  alianzas y grupos.

Posteriormente presentamos una editorial sobre las perspectivas de la región latinoamericana frente al cambio climático, pues aunque no hay una postura conjunta totalmente definida, se siguen fraguando esfuerzos interesantes, como es el caso de Ecuador o el liderazgo de Brasil, por ejemplo.

Incluimos además una entrevista al viceministro de medio ambiente de Costa Rica, Andrei Bourrouet, quien de manera franca y distentida nos cuenta más de la posición del país centroamericano en estas negocaciones, así como del trabajo que está emprendiendo el gobierno costarricense en esta materia.

Las posibles medidas de respuesta que algunas potencias podrían tomar para contrarrestar su pérdida de competitividad debido al llamado fenómeno de fuga de carbono han ocasionado la preocupación de países en desarrollo. Cuál será el destino del debate es una total interrogante; por ahora la atención se centra en establecer un foro para intercambiar información y posturas y así evitar la aplicación de medidas unilaterales, como lo explica otra editorial que incluimos en este número.

Finalmente, y con la finalidad de visualizar también al comercio de servicios como una herramienta eficaz y viable para propagar el uso de tecnologías inocuas con el clima, agregamos el análisis novedoso de Joy Aeree Kim, que es apenas una versión corta de un estudio más extenso que escribió para ICTSD.

Los invitamos a seguir consultando nuestros informes y actualizaciones desde Durban en nuestra página web y en las redes sociales.

Como siempre, deseamos que nuestro trabajo sea de provecho para todos ustedes.

El equipo de Puentes.

El presente artículo pretende ofrecer una posible línea sobre cómo podrían abordarse las negociaciones internacionales sobre cambio climático en el marco de la XVII Conferencia de las Partes que se lleva a cabo en Durban, Sudáfrica del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011.

El punto de partida

Con el fin de concretar los esfuerzos desarrollados en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, desde los inicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMMNUCC), cada año se realiza una conferencia[1] que permite unir las diversas propuestas de cada uno de los Estados parte, y este año la sede es Durban, Sudáfrica.

De cara a esta encuentro, en la 16ª. Conferencia de las Partes, celebrada el año pasado en Cancún, México, se concretaron algunos acuerdos que definen el escenario actual de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, entre los que destacan: a) la creación de un Fondo Climático Verde, b) el financiamiento rápido para los países en desarrollo, c) el aplazamiento de la decisión sobre si habrá o no segunda fase del Protocolo de Kioto y el compromiso de que sean mayor los niveles de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y d) la fijación de un máximo de emisiones, puntos sensibles que serán considerados en la reunión en Durban.

Las posiciones de los actores involucrados en estas negociaciones son muy diversas. La Unión Europea (UE) acepta los objetivos de reducción de emisiones, pero el reparto de los esfuerzos entre los miembros estará en función de las circunstancias de cada país. Los países industrializados tienen en común una oposición general a los compromisos estrictos debido a que son altamente dependientes de la energía procedente de combustibles fósiles, por lo que su elevada demanda no puede cubrirse únicamente con la producción energética propia. Las economías emergentes no admiten límites a sus emisiones ya que consideran a los países desarrollados como los causantes de la problemática global. Por su parte, y debido a su alta vulnerabilidad, la alianza de pequeñas Islas-Estado busca una reducción global de emisiones de GEI. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a su vez, se ven perjudicados por las iniciativas de disminución de emisiones de GEI y las Organizaciones no gubernamentales (ONG) muestran distintas posiciones respecto a la protección del ambiente y los intereses que buscan proteger.

El cambio climático y las negociaciones internacionales

Las negociaciones internacionales sobre cambio climático han surgido como uno de los principales escenarios desde hace varias décadas para buscar soluciones globales a la problemática existente. Uno de los mayores logros alcanzados hasta la fecha ha sido la aplicación de un instrumento jurídico fundamental, como es el Protocolo de Kioto de 1997, adoptado en la 3ª. Conferencia de las Partes, el cual ha pedido mayores obligaciones y compromisos a gran cantidad de países responsables por el deterioro sustancial del medio ambiente.

Con este Protocolo, 37 países industrializados y la UE se han comprometido a reducir sus emisiones en una media de un 5% respecto a los niveles de 1990 para el periodo comprendido de 2008 a 2012. Sin embargo, aunque todas las economías industrializadas deben tomar medidas nacionales para hacer frente al cambio climático, el Protocolo permite cierto grado de flexibilidad al momento de cumplir sus compromisos de reducción de emisiones a través de tres mecanismos de mercado: el comercio de los derechos de emisión (mercado de carbono), el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y la implementación conjunta (IC).

Ahora bien, debido a que el Protocolo de Kioto no es suficiente para mitigar de manera efectiva el cambio climático, se vuelve necesario el aporte de otras iniciativas globales, regionales, multilaterales, bilaterales y unilaterales. Un obstáculo a la aplicación efectiva del Protocolo ha sido que la dirección de las negociaciones internacionales se ve condicionada a los temas prioritarios para cada país, como la seguridad alimentaria o energética y el desarrollo de las industrias. Muchas de estas situaciones provocan la indisposición de las Partes para tomar decisiones que no sea acordes a la realidad de cada país y esa dinámica ha prevalecido a lo largo de las últimas décadas.

En esta línea, las distintas reuniones llevadas a cabo para tratar el tema del cambio climático han generado algunos avances, más no la oportunidad de asumir un compromiso por parte de todos las naciones. Con la llegada de la 17ª Conferencia que en Durban, Sudáfrica, existen muchas expectativas pero muy pocos compromisos reales. Por el contrario, predomina la incertidumbre y la sospecha de que algunos logros alcanzados con anterioridad, como el Protocolo de Kioto, lleguen a su fin.

Durban

Para entender las posibles líneas de acción a nivel global y el escenario trazado de cara a la reunión de Durban, Sudáfrica 2011, es importante hacer referencia a la 16ª.  Conferencia que tuvo lugar en Cancún, México en 2010, donde se llevaron a cabo una serie de acuerdos [2] entre los que destacan:

• La creación del Fondo Climático Verde (propuesto en la Conferencia de Copenhague de 2009) de $100 mil millones anuales para mitigar el impacto del cambio climático y ayudar a las comunidades a adaptarse a los efectos del mismo. Este fondo ofrece beneficios potenciales que van desde proyectos de transporte de baja emisiones de carbono hasta esfuerzos de reubicación de comunidades para que adapten sus vidas a un mayor nivel del mar.
• El compromiso de proporcionar $30.000 millones en financiación rápida para el periodo 2008-2012 (fast-start) para atender las necesidades de los países en desarrollo.
• Elevar el nivel de ambición en la reducción de emisiones de gases causantes del efecto invernadero, además de que se propuso que los países vinculados jurídicamente con el Protocolo disminuyan sus emisiones hacia 2020 en un rango entre 25% y 40% en relación a los niveles de 1990.
• Aplazar la decisión sobre si habrá o no una segunda fase del Protocolo de Kioto.
• Realizar esfuerzos para que el aumento de la temperatura global no sea mayor a  1,5º C.
• Establecer un compromiso para que lo antes posible se fije un tope máximo de emisiones.
• Acordar que las medidas de adaptación tienen la misma prioridad que las de mitigación, y que por lo tanto se necesitan requerimientos institucionales apropiados para mejorar las acciones y apoyos en esa materia.

Los parámetros establecidos en Cancún ofrecen un marco de referencia que las Partes deben considerar en la 17ª. Conferencia. Asimismo, existe una serie de temas importantes, con importantes cuestiones sin resolver y cuyos efectos son relevantes para todas las economías.

El mercado de carbono permite a los países desarrollados comprar créditos baratos a las economías en transición Desde una perspectiva más realista, esta opción se consolida como la opción más viable ya que algunos de los líderes de las negociaciones del Protocolo tienen escasas probabilidades de cumplir sus propios objetivos de reducción de emisiones, entre los que destacan algunos miembros de la UE, Por último, el acuerdo no incluyó límites para los países en desarrollo, lo que denota la falta de consideración del rápido crecimiento de economías emergentes como Brasil, China e India, cuyas emisiones GEI han aumentado considerablemente. Estas economías necesitan desarrollarse de manera desesperada y no están dispuestas a perjudicar sus posibilidades de crecimiento por un problema causado principalmente por las grandes economías. Esto podría significar una desatención total de las metas propuestas en el Protocolo y en la CMNUCC.

Uno de los temas que ha tomado mayor fuerza es el de adaptación debido a los efectos del cambio climático alrededor del mundo. A pesar de los grandes esfuerzos llevados a cabo para detener las emisiones, el incremento de la temperatura no puede detenerse por lo que las medidas de mitigación ya no son suficientes para enfrentar la problemática. La adaptación se ha convertido entonces en un problema crucial, especialmente para los países menos desarrollados y las pequeñas islas que no sólo son vulnerables al cambio climático, sino que carecen de recursos financieros y capacidad institucional para hacerle frente.

En este contexto es necesario considerar si la financiación del Fondo de Adaptación y el Fondo Climático Verde de $100.000 millones por año debería incrementarse, o bien si deben crearse mecanismos de cooperación internacional para atender las necesidades de los países menos desarrollados.

Sin embargo, el contexto de las negociaciones internacionales es más complicado de lo que se puede llegar a pensar debido a la diversidad de opiniones de los distintos actores. Para entender porqué estas negociaciones son tan complejas, a continuación se explican las posiciones de los principales países desarrollados y en desarrollo y de otros organismos internacionales[3].

• Unión Europea: Mantiene una postura común entre sus Estados y acepta los objetivos de reducción de emisiones; no obstante, la distribución de los compromisos está en manos de cada una de las economías. La UE en su conjunto es uno de los principales emisores de GEI y es muy dependiente de importaciones de energía, ya que satisface al menos la mitad de las demandas de esta fmanera. Mientras unas deben disminuir las emisiones de los GEI, otras tienen derecho a incrementarlas. Alemania y Reino Unido han implementado las mayores reducciones. Los esfuerzos dedicados a la reducción de emisiones en algunos miembros serán insuficientes para alcanzar los objetivos fijados. Parte de las dificultades de lograr las metas se debe a las ampliaciones que ha sufrido la UE y al crecimiento de ciertas industrias en determinados países miembros.

• Países industrializados: Estados Unidos y otros. Estos países tienen en común una oposición general a compromisos estrictos. La industria estadounidense está fuertemente ligada a la energía procedente de combustibles fósiles y la elevada demanda no puede cubrirse únicamente con la producción energética propia. La industria estadounidense por lo tanto depende fuertemente de suministros baratos y seguros. La postura general, influenciada por una fuerte presión de la industria, es que el Protocolo de Kioto impone costos importantes para el sector productivo estadounidense y por lo tanto es inaceptable. Otros países, a pesar de que han ratificado el Protocolo, se muestran escépticos ya que sus economías dependen en algunos casos de las exportaciones de petróleo y gas, como es el caso de Canadá o Australia, éste último principal roductor de carbón en el mundo.

• Países en desarrollo: G77 y China. El G-77 presenta una serie de contradicciones al incluir a miembros grandes, con recursos e industrias desarrolladas como China, India y Brasil, y otros muy pequeños como Tuvalu. La mayoría de los países han firmado el Protocolo de Kioto pero no delimitaron sus reducciones de las emisiones para el primer periodo de cumplimiento. China ha llegado a convertirse, junto con los EE.UU. y la UE, en los principales emisores de GEI, y debido al aumento de la demanda energética y a la falta de obligaciones de cumplimientos de metas del Protocolo, puede llegar a límites superiores nunca antes alcanzados. Lo más preocupante es que a pesar de contar con enormes minas de carbón, China aún necesita importar energía. Pese a ello, se niega a aceptar compromisos vinculantes para limitar sus emisiones ya que argumenta no ser responsable de un problema causado por Occidente, además de que afirma que estas medidas dañarían su economía emergente. La situación de India y Brasil es similar; sus economías también están creciendo rápidamente y se oponen a topes para las emisiones de sus industrias.

• La Alianza de Pequeñas Islas-Estado (AOSIS): AOSIS es una alianza de 42 pequeñas islas caribeñas y del Pacífico. Aunque su contribución al calentamiento global es mínima, son muy vulnerables a sus efectos adversos. La mayoría de estas islas se encuentran ligeramente por encima del nivel del mar y un incremento en la temperatura y el consecuente deshielo de los polos las afectaría dramáticamente. Algunas podrían incluso llegar a desaparecer de la superficie terrestre. Tuvalu, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con Nueva Zelanda para una posible evacuación de sus habitantes. La posición de esta alianza es reducir con eficacia las emisiones de GEI y no permitir que la temperatura se eleve más de 1,5oC.

• Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): Los miembros de la OPEP, entre los que destacan Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, tienen una posición muy influyente en las negociaciones sobre el clima. Estos países, en menor y mayor medida, son sumamente dependientes de sus exportaciones de combustibles fósiles y por ello cualquier progreso en las negociaciones hacia el ahorro de energía y la producción de energías renovables supone una amenaza a sus economías.

• Organizaciones no gubernamentales (ONG): Las ONG tienen un rol cada vez más importante en las negociaciones internacionales debido a la influencia que generan sobre la toma de decisiones de los gobiernos. Las organizaciones sociales en particular son una fuente de legitimación adicional para las decisiones de los Estados, mientras que las organizaciones empresariales pueden ejercer presión de tipo económica y participan en calidad de observadores; entre las más destacables se encuentran la Red de Acción por el Clima (CAN) y el World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)[4].

Ante este escenario se vislumbran dos grandes preocupaciones. La primera es que debido a la diversidad de intereses, las prioridades frente al cambio climático varían considerablemente por lo que existe gran apatía de colaborar en busca de una solución conjunta. La segunda es que el periodo de vigencia del único instrumento internacional de reducción de emisiones de carbono, el Protocolo de Kioto está llegando a su fin, y existe una clara preocupación sobre qué podría definirse hacia un futuro.

Los países desarrollados temen que las acciones para reducir el impacto del cambio climático tendrán un efecto negativo sobre la competitividad de sus empresas y sectores industriales en los mercados internacionales. La argumentación se refiere a que estos países estarán en desventaja si otros con industrias con las que compiten están obligados a hacer menos para mitigar las emisiones a nivel global; algo que se conoce como fuga de carbono.

Por su parte, los países en desarrollo exigen un segundo periodo de compromisos, tras el actual que acabará a finales de 2012, en virtud de la responsabilidad histórica de los países desarrollados en el calentamiento global y del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero varios países obligados por el primer periodo (Japón, Rusia y Canadá) no desean un nuevo compromiso, mientras que la UE pone como condición que los países emergentes como China e India se comprometan a cumplir lo pactado[5].

Reflexiones finales

En la 17ª Conferencia de las Naciones Unidades sobre Cambio Climático en Durban, Sudáfrica, es necesario que los países vean las realidades nacionales desde una perspectiva más global, ya que las consecuencias del calentamiento global afectan a todas las economías por igual.

En esta misma línea debe existir un fortalecimiento de la cooperación internacional que promueva tanto medidas de mitigación como de adaptación frente al deterioro climático. El financiamiento es sin duda uno de los temas más complicados pero prioritarios para los países que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a la problemática. La consolidación de los fondos verdes y el apoyo institucional es fundamental en esta lucha por un entorno mejor y un desarrollo más sostenible.

* Licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Comercio Internacional, Universidad Nacional. Estudiante de Postgrado, Centro Internacional de Política Económico. Universidad Nacional, Maestría en Gerencia del Comercio Internacional. marianoquimo@gmail.com

[1] Hasta el momento, las conferencias llevadas a cabo fueron: Berlín 1995, Ginebra 1996, Kioto 1997, Buenos Aires 1998, Bonn 1999, La Haya 2000, Marrakech 2001, Nueva Delhi 2002, Milán 2003, Buenos Aires 2004, Montreal 2005, Nairobi 2006, Bali 2007, Poznan 2008, Copenhague 2009 y Cancún 2010.

[2] Para mayor información, revisar:  http://efeverde.com/contenidos/noticias/las-13-decisiones-
mas-importantes-de-los-acuerdos-de-cancun

[3] Adaptado de Heires, M (s.f.), Juego de simulación “Negociaciones internacionales sobre cambio climático.

[4] No sólo están involucradas las ONG en defensa del clima, también las organizaciones de industrias basadas en combustibles fósiles como la “Global Climate Coalition” (GCC), liderada por Exxon Mobile, que invirtió mucho tiempo y recursos monetarios para en su momento convencer al gobierno estadounidense de que se opusiera a Kioto.

[5] Para mayor información, revisar: http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-08-02/sudafrica-
priorizara-mantener-kioto-en?refPath=/noticias/ultimas-noticias/

Las posturas a favor y en contra sobre la ampliación del Protocolo de Kioto - como uno de los puntos medulares de la COP 17 -  los mecanismos de transferencia tecnológica y financiamiento para la adaptación y mitigación climática, e incluso la propuesta de creación de un foro permanente para discutir y concertar soluciones sobre los efectos que las medidas sobre cambio climático pueden ocasionar en el comercio internacional, son tan sólo algunos de los principales ingredientes que se conjugan en la cita internacional

Con resultados aún poco predecibles, desde el año pasado se vislumbran posiciones extremas para las actuales negociaciones. Por un lado, los grandes países industrializados como Estados Unidos, Japón, Rusia y Canadá mantienen un no al compromiso de reducción de emisiones y firma del Protocolo de Kioto, pero también se conoce la postura, un tanto tímida y ambivalente de la Unión Europea. Ambas posiciones coexisten con el otro extremo de las negociaciones, el adoptado por el G77 y China, que abogan por la eminente necesidad de que Kioto continúe.

Este tema ha orientado la posición de Latinoamérica hacia el mismo camino. Posiciones comunes y algunos esfuerzos particulares están definiendo el perfil de los países latinoamericanos en Durban. A continuación se abordan algunas de las posiciones más destacadas de los países de la región las cuales, comparativamente con otros países del orbe, presentan posturas más concretas para paliar los ya de por sí perceptibles efectos del cambio climático.

Delineando posiciones

Según indicó Rajendra Pachauri, director del Panel Intergubernalmental sobre Cambio Climático (IPCC), entre los años 1970 y 2008, un 95% de los desastres naturales ocurrieron en países en desarrollo (PED), sin embargo, se proyecta que esa tasa aumentará durante este siglo[1].

Aunque los números sean alarmantes, la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos de los países en desarrollo (PED) para enfrentar los efectos climáticos ha llevado a países como Ecuador, Brasil, e incluso a instancias más regionales como el grupo ALBA, a tomar cartas en el asunto más allá del tema de “responsabilidades comúnes pero diferenciadas”.

Además de que como región se abogue por un segundo periodo de implementación del Protocolo de Kioto, otras iniciativas como Yasuni ITT y el apoyo total a la puesta en marcha del Fondo Climático Verde por parte de Centroamérica y México se dejarán sentir en las actuales negociaciones en Sudáfrica.

Brasil y el grupo Basic

En materia climática, la posición de Brasil es sumamente sensible. Aunque sus metas en relación a la disminución de la deforestación en la Amazonía han dado resultados oscilantes, tambaleando así los compromisos adquiridos a nivel internacional, es innegable el peso de esta nación en las negociaciones sobre cambio climático. Brasil  forma parte del llamado grupo Basic, el cual está constituido por países en desarrollo,  cuyos representantes son China, India, Sudáfrica, además del gigante amazónico.

En una reunión desarrollada a inicios de noviembre en Beijing, los países Basic mantuvieron conversaciones para llegar con un consenso a la próxima Conferencia de las Partes a finales de año en Durban[2]. Si bien hay temas que causan controversia, los puntos esenciales de la declaración, de la cual Brasil es el representante latinoamericano, se orientan a apoyar un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. La actual coyuntura internacional, marcada por una crisis de deuda en Europa, la falta de despegue de la economía de los EE.UU., y la renuencia de China a adquirir compromisos vinculantes sobre sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) ha enrarecido el ambiente de voluntad política de los países desarrollados.

Al encuentro en Beijing asistieron los representantes de los países del grupo Basic más los del Grupo 77, funcionarios de los países insulares y de la Liga Árabe, por lo que la declaración conjunta al final de la reunión puede tomarse como la posición del mundo en desarrollo para el cambio climático.

Además de la connotación especial sobre la continuidad de Kioto, se hace énfasis en el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los fondos de adaptación y mitigación, pues se había acordado facilitar US$ 100.000 millones anuales hasta el año 2020 a través de recursos públicos de los países desarrollados[3].

Brasil parece tener claros sus objetivos para la COP. El embajador Mario Correa do Lago, Director del Departamento de Medio Ambiente de la Cancillería brasileña, declaró el pasado 23 de noviembre a los medios que el peor escenario que puede surgir de la reunión de Durban sería que no haya un acuerdo para renovar los compromisos del Protocolo de Kioto que vencen en 2012. “Si el Protocolo de Kyoto muere, no habrá más compromisos vinculantes contra el cambio climático; sólo habrá compromisos voluntarios, con lo cual perderá fuerza la lucha contra el calentamiento global”, advirtió el diplomático.

México, Centroamérica y República Dominicana: sí al Fondo Verde del Clima

La posición conjunta de los países centroamericanos, México y República Dominicana busca el reconocimiento de la región como una de las zonas más vulnerables del mundo en cuanto a desastres naturales, lo que les permitiría estar considerados como zona prioritaria para el direccionamiento de recursos.

Con una sola voz, este grupo de países mantiene una posición inamovible sobre la necesidad de recursos financieros para la implementación de medidas de adopción y mitigación al cambio climático, para que con ello se reconozca como zona de extrema vulnerabilidad. Durante la COP 17, el principal mensaje de estos países es un rotundo sí al Fondo Verde del Clima, y sobre todo respecto al desembolso efectivo de los fondos prometidos.

Como antecedente, este fondo fue lanzado en 2008 como iniciativa del gobierno mexicano, que fue parte integral de la agenda propuesta y negociada durante la COP 16 realizada en Cancún, México. En 2011 se esperaba su total afianzamiento e instrumentación, y para el año subsiguiente su total funcionamiento, especialmente en lo que compete a las fuentes de financiamiento de largo plazo.

México, tras entregar la presidencia de la COP a Sudáfrica, individualmente tiene como meta trazada dar seguimiento a los acuerdos de Cancún. Asimismo, otras acciones se gestan internamente en materia climática, como es el caso de las iniciativas para una Ley Nacional contra el Cambio Climático. Entre sus planes a futuro se espera aumentar la cooperación, para lo cual el mandatario Felipe Calderón anunció la apertura del Centro de Desarrollo Sustentable[4], que como aliado natural tendría a sus vecinos regionales.

Centroamérica por su parte ha dado pasos adelante en materia climática, al menos a nivel institucional, pues desde agosto pasado Belice, Colombia, México, Panamá y República Dominicana integraron en conjunto el Programa Intergubernamental de Cooperación Cambio Climático - Oportunidades y Desafíos en la Agricultura (Prica-Ado), por medio del cual se busca crear una red científico-técnica, fortalecer la capacidad de los entes nacionales y regionales y apoyar a los gobiernos en el diseño y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático[5].

Las acciones proyectadas son una muestra más de que para esta región, el cambio climático no es una proyección o una estadística, sino un fenómeno con repercusiones sentidas diariamente.

Las lecciones de Ecuador

Una enseñanza de Ecuador para el mundo ha sido las propuestas que representaran al país de cara a la COP 17. De acuerdo con la Subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de aquel país, su posición en Sudáfrica se resumirá en cinco puntos[6]: a) implementación de un segundo periodo de compromisos de Kioto; b) volver operativo el mecanismo REDD+; c) proponer las “emisiones netas evitadas” (ENE) como un nuevo mecanismo de mitigación bajo la CMNUCC; d) presentar la propuesta del Impuesto Daly - Correa (impuesto a las exportaciones de petróleo), como un mecanismo para asegurar la equidad para países en desarrollo; y e) posicionar la Iniciativa Yasuní ITT.

De las anteriores aspectos, el mecanismos de ENE, dentro del cual se inscribe la iniciativa Yasuni ITT, son hasta cierto punto las propuestas más desafiantes. Concretamente, Ecuador decidió indefinidamente dejar bajo suelo las reservas petroleras que se encuentran en las reservas petroleras del campo ITT ubicada en el Parque Nacional Yasuni, el lugar más biodiverso de planeta, en cambio, el país pide una contribución internacional de al menos la mitad del monto que recaudarían si se realizar la extracción[7]. Según lo planteó el presidente Correa, los incentivos de Kioto fueron injustos porque premiaba únicamente a los países que luego de deforestar realizaban labores de reforestación; sin embargo, no establece ningún tipo de ayuda para aquellos que se esfuerzan por mantener sus bosques en pie. De ahí que surge la propuesta y la necesidad implementar acciones de mitigación de segunda generación.

El frente de negociación de Ecuador buscar alinearse con la posición proyectada por el grupo del G77+ China y presionar por la continuidad de Protocolo de Kioto[8]. Además de tratar de cimentar la iniciativa Yasuni ITT y el mecanismo de emisiones netas evitadas como un instrumento de implementación de bonos de segunda generación por contaminación evitada.

Aunque se trata de un país relativamente pequeño, sus propuestas buscan tener incidencia política en el ámbito internacional. Con un espíritu optimista por parte del equipo negociador, solamente resta esperar los primero frutos al finalizar la COP 17.

Latinoamérica, la menos escéptica

A razón de las anteriores propuestas que surgen desde la región podríamos preguntarnos si Latinoamérica es la menos escéptica o la más realista ante el cambio climático. Precisamente, este cuestionamiento fue respondido por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, a través de un estudio realizado titulado “Poles Apart: the international reporting of climate scepticim[9]“. El análisis se basa en la consideración de 3.000 artículos de periódicos en seis diferentes países: Brasil, China, Francia, India, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado apunta a que el 80% de las voces escépticas en las notas evaluadas se hallaban en la prensa escrita de Estados Unidos y Reino Unido, y no tanto en Brasil.

Según la publicación, la ausencia de opiniones indiferentes  en la prensa de Brasil podría ser uno de los factores que explique el por qué los brasileños dicen estar más preocupados por el cambio climático que los estadounidenses.

Al respecto, una encuesta realizada por el grupo Gallup en 100 países indicó que en 2011 México, Colombia, Venezuela y Ecuador se sitúan entre los países más preocupados por el calentamiento global. La inquietud parece ser compartida por otros países de América Latina. Según James Painter,  autor del estudio,  uno de los motivos de la falta de escepticismo en la sociedad latinoamericana es que pocos políticos o expertos cuestionan el cambio climático; además de que para sus poblaciones los devastadores fenómenos climáticos de los últimos años personifican el cambio climático en sus vidas.

Pese a que Painter reconoce las limitaciones del estudio, en cuanto a cobertura y fuentes consultadas, para él el hecho más sobresaliente es la forma en que los medios de comunicación manejan el tema y el cómo influyen en la población. El trabajo fue presentado el pasado 28 de noviembre en Durban, Sudáfrica.

¿Qué esperar?

Las acciones tomadas o próximas nos indican que como región comprendemos la globalidad de los impactos del cambio climático. No obstante, los resultados de la agenda de trabajo en Durban aún son inciertos. Nuevamente queda en manos de los negociadores y líderes políticos que los compromisos se ejecuten en tiempo y recursos pactados.

[1] IPCC advierte sobre incremento de desastres naturales producto del Cambio climático, en países en vías de desarrollo (2011, 22  de noviembre). Consultado el 28 de noviembre en http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/IPCC_advierte_sobre_incremento_de_desastres_naturales_producto_del_Cambio_climatico_en_paises_en_vias_de_desarrollo

[2] Joint Statement Issued at the Conclusion of the Ninth BASIC (2011, 1 de noviembre).

Ministerial Meeting on Climate Change. http://www.indianembassy.org.cn/newsDetails.aspx?NewsId=267

[3] La Cumbre de Cancún sobre cambio climático. Implicaciones del Acuerdo de Cancún para las empresas. Disponible en http://www.pwc.es/es/sostenibilidad/assets/cumbre-cancun.pdf

[4] México confía en fondo verde (2011, 28 de noviembre.) Consultado el 28 de noviembre en http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/11/28/mexico-confia-en-exito-del-fondo-verde

[5] Programa Intergubernamental de Cooperación Cambio Climático - Oportunidades y Desafíos en la Agricultura (Prica-Ado)http://www.priccca.net/paginas/index.php?pagina=inicio

[6] Programa Derecho, cambio climático y bosques (2011, 23 de noviembre) http://derechosybosques.com/?p=2637

[7] Yasuni, crea un nuevo mundo. Disponible en : http://yasuni-itt.gob.ec/

[8] Ministerio de Ambiente de Ecuador. Hoja de Ruta. Disponible en: http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/975

[9] Resumen Ejecutivo disponible en http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Other_publications/Poles_Apart_Executive_Summary.pdf

En vista de las actuales negociaciones sobre cambio climático y su impacto en las economías latinoamericanas, la revista Puentes entrevistó al viceministro de Ambiente de Costa Rica, Andrei Bournouet (A.B.), quien nos brindó sus apreciaciones sobre las perspectivas de las negociaciones y las gestiones de su país en este frente.

Los efectos del cambio climático se han presentando con mayor frecuencia en los últimos años; muchos países de la región han estado afrontando emergencias por el fenómeno. A un año de la Cumbre de Cancún ¿cómo ve a usted a la región frente al desafío que representa el cambio climático para nuestras economías?

A.B.: La región no está preparada para afrontar los efectos del cambio climático (CC), menos en las actuales circunstancias, donde cada vez es más frecuente la intensidad de los eventos y las economías pequeñas sufren directamente los embates de éste. Lo anterior a diferencia de otros países, principalmente a nivel desarrollado, que cuentan con infraestructura y potencial económico para afrontar más rápido los efectos que ocasiona una alteración meteorológica.

En el caso de Costa Rica, y sobre todo en toda la región centroamericana, los fenómenos son prácticamente los mismos. Hacia finales del año pasado tuvimos un ejemplo clásico cuando se pudieron notar los problemas  en infraestructura, en pérdidas de vidas humanas, entre otras eventualidad. En efecto, sucedió en Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia,  que han sufrido por meses los problemas climáticos y cuyas regiones tuvieron pérdidas multimillonarias, por lo que es difícil decir que estamos preparados.

Hay un esfuerzo internacional, regional y por supuesto local, para que los efectos del CC estén contemplados en las agendas gubernamentales de todos los países, y que por lo tanto haya previsiones presupuestarias para hacer investigación y prepararnos mejor. Pero lo cierto del caso es que la infraestructura ha sido crítica cuando es de vital importancia para nosotros como ciudadanos. Tan sólo Costa Rica el año pasado se perdieron más de US$ 350 millones en ese rubro; eso significa que hay que conseguir dinero para por lo menos alcanzar los niveles de infraestructura previos a esos eventos.

Lo anterior desde el punto de vista de adaptación., hay muchas áreas del conocimiento y temas que se tienen que abordar con mucha más propiedad, pues a final de cuentas la base científica y técnica es aún es muy incipiente, por lo que el reto es planificar apropiadamente mientras no se tenga esa información validada.

En octubre se realizó una reunión previa a la COP 17 en Durban, Sudáfrica. En esta ocasión, Panamá fue el lugar donde se reunieron los negociadores internacionales, ¿Fue una oportunidad de conocer posiciones para los países latinoamericanos? ¿Qué consensos  preliminares esperaban alcanzar los países de la región teniendo en cuenta la situación económica en los países desarrollados?

A.B.: Estas reuniones que se presentan previas a la COP son muy acartonadas; tienen un marco de referencia muy esquematizado. La perspectiva de que Panamá haya tenido posibilidad de acceso a ellas, es una oportunidad para la que la región pueda hablar con más propiedad mostrando casos concretos. Lo cierto del caso es que la agenda es muy globalizada, se tratan situaciones casos muy concretos como ya se ha hecho en el pasado en el que se habla de los efectos en los países más pobres o en los insulares, pues esos temas nunca dejan de estar en la agenda. Cuando hemos hablado de la región centroamericana, hemos tratado de hablar con una sola voz, en consonancia con los términos de Sistema de Integración Centroamericana (SICA). El trabajo principal se hace en las mesas de negociación, se expresa a través de los textos y se manifiesta en dentro de la COP. Existen muchas expectativas de lo que se pudo lograr en Panamá, como tener avances en textos, en conceptos, con el objeto  para de poder llegar a Durban con una posición crítica que sea por lo menos comparable con lo que se logró en Cancún.

¿Cuál es la postura de Costa Rica en estas negociaciones?

A.B.: La idea es consolidar los acuerdos de Cancún para que haya una verdadera arquitectura financiera; esto debido a que es muy difícil especular respecto a la firma de acuerdos legalmente vinculantes, que es uno de los temas de más urgencia como parte de los compromisos que deben existir. Además, es necesaria una plataforma para determinar qué va suceder con el Protocolo de Kioto. Por lo tanto, la existencia de una segunda parte de Kioto con fondos que estén fluyendo hacia los países en vías de desarrollo son claves en Durban. Insisto que es una plataforma porque considero que la reunión más difícil será la de Río el año entrante, pues será una sesión de trabajo donde mucho va estar correlacionado con modelos de desarrollo o económicos globales, y no únicamente con el CC.

Estamos en presencia del “Fenómeno de la Niña”, con un inusitado volumen de precipitaciones en el área andina. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático, ¿qué acciones han puesto en marcha los países de la región en ese sentido?

A.B.: Hay muchas acciones y trabajo de conjunto; varias organizaciones internacionales están volviendo más visible el tema de vulnerabilidad y riesgo. Hay todo un esquema de trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que está trabajando específicamente en ese capítulo, y todos los países de la región están buscando establecer procesos de intercambio de información. El año pasado, por ejemplo, a través de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elaboró un estudio de vulnerabilidad social desde el punto de vista del CC; es decir, cómo afectan las variaciones del clima en la región a la sociedad civil, los problemas de migración, seguridad, entre otros. Todo esto lleva a pensar que hay una base que puede servir potencialmente para que se tomen las previsiones necesarias. Sin embargo, evidentemente esto no es suficiente.

Teniendo en cuenta la escasez de recursos, ¿hay en la región alguna iniciativa para financiar proyectos, o si es el caso, de apoyo a los agricultores?

A.B.: Estamos trabajando muy de la mano de las cámaras agrícolas, no sólo para ver el tema de garantizar y dar seguridad a todo el proceso alimentario sino para ir preparando el terreno en materia de infraestructura e inversiones. Este es un aspecto importante, sobre todo si lo queremos ver reflejado en lograr una mayor agilidad en el transporte; no obstante, los pasos para ir ejecutando cada una de estas etapas son lentos. Lamentablemente no llevamos la velocidad que quisiéramos, pero lo cierto es que no nos hemos detenido. Para poder trabajar necesitamos inversiones, recursos y eso es difícil de lograr en estos momentos donde los países apenas están ajustando sus presupuestos plurianuales.

En el caso de Costa Rica, hemos tratado de destinar las inversiones apropiadas a los sitios adecuados. La Comisión Nacional de Emergencias tiene ahora un capítulo completo dentro de su área de planificación que está relacionado con CC. Por lo tanto, en el proceso de atención de emergencias ahora se busca trabajar en la fase preventiva, que es un capitulo fundamental para efectos de planificar apropiadamente la inversión, los recursos, etc.

En la Cumbre de Copenhague se decidió establecer un fondo de financiación, con aportes de los países desarrollados con directa responsabilidad en el volumen total de emisiones de GEI. ¿Cuáles son los avances en este sentido? ¿Cree usted que ante la difícil situación financiera internacional se produzcan recortes de aportes ya prometidos a dicho fondo?

A.B.: Estos fondos fueron creados en el acuerdo de Copenhague, hace dos años, y lo que se hizo en Cancún fue consolidarlos de manera que permitiera el flujo o la transferencia de US$ 60 mil millones para los primeros tres años, y luego US$ 100 mil millones anuales a partir de mediados de esta década. Esos fondos han ido fluyendo, sólo que al no existir una organización, una estructura para gestionar y administrar la transferencia de estos financiamientos, el trabajo se ha estado haciendo de manera bilateral. El problema es que evidentemente hay muchos vacios en el flujo de la información, por lo que en estos momentos se busca que a través de una comisión, que fue creada por la Convención de Cambio Climático, se trabaje de manera sostenida para elaborar una propuesta. Los resultados de eso dejarían ver cuál sería la siguiente fase y qué tipo de organización es la que se debe proponer para poder gestionar los fondos.

En el capítulo de mitigación y adaptación hay una área que se llama fondos de adaptación, el problema es que no hay suficientes fondos, pero lo cierto del caso es que hay financiamiento que se pueden obtener a través de esos fondos, no lo suficiente ni lo necesario para la situación actual pero si hay cierta transferencia condicionada de estos fondos hacia elementos asociados a cambio climático.

En el caso de Costa Rica se ha hecho un esfuerzo grande para que las cargas de inversión en el país no estén ligadas únicamente a la  conservación, sino también al capítulo de adaptación ambiental y al de mitigación. Cuando se habla de gestión ambiental, ésta se enfoca en las áreas donde hay actividad humana, y desgraciadamente en nuestro país es el punto al que menos se le presta atención. Hay más cuidado a la conservación de bosques, a la investigación, pero en la gestión ambiental urbana es donde menos se ha trabajado y donde los recursos son más necesarios, sobre todo en materia de infraestructura para el manejo del recurso hídrico.

Asimismo, es muy importante tener en cuenta los deslizamientos desde el punto de vista de riesgo y vulnerabilidad a la luz de inversiones en infraestructura urbanística. Por ejemplo, deben emprenderse procesos de construcción sostenible y considerar diseños apropiados según usos del suelo. Sin embargo, esto todavía está muy lejos de ser una realidad a gran escala.

El presidente de los EE.UU., Barack Obama, ha frenado una iniciativa para disminuir la contaminación ambiental. Dicha medida que debía ser emitida por Agencia de Protección Ambiental se pausó hasta el 2013, ante la crisis económica y el pedido de ciertos sectores industriales. En su opinión, ¿estarán los gobiernos latinoamericanos dispuestos a aplicar regulaciones y firmar compromisos más estrictos en sus emisiones de GEI y reducción de deforestación tomando en cuenta este mensaje de los EE.UU.?

Los EE.UU. han mantenido una posición de liderazgo casi de manera permanente. Quizá mucha gente no termina de entender que su organización política limita mucho sus acciones, y prueba de ello es que estos recortes presupuestarios obedecen a negociaciones muy intensas entre los partidos políticos. Además, parte de la realidad económica que está viviendo no es nada despreciable.

Los EE.UU. han hecho muchas inversiones, y en el caso de Costa Rica ha estado apoyando varias iniciativas, bajo el entendido de que mucha de la información que se genera  eventualmente les servirá para poder montar sus propias estrategias de cambio climático en distintas regiones. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra estrategia; si se cuenta o no con el apoyo de los EEUU, esa es otra cuestión a debatir.

Si los países desarrollados son responsables de más del 75% de las emisiones de GEI, ¿qué pueden hacer los países de la región que están expuestos a los fenómenos extremos?

El punto es ser responsable. Aunque existan países que tengan un volumen mayor de emisiones nosotros no estamos eximidos de hacer nuestro propio esfuerzo. Por esa razón es que Costa Rica apostó por la neutralidad de carbono, pues es un buen modelo a seguir y es un proceso para educar a la gente, para crear cultura.

Costa Rica está promoviéndose como un país neutral en carbono., ¿Qué se busca con esto? ¿Cuáles son los principales retos que se están presentando para alcanzar esta meta?

Dentro de los retos está lograr que la neutralidad de carbono no sea el fin último; para mí la carbono neutralidad es una de las tantas metas que hay que concretar. Lo que hay que hacer es un modelo de desarrollo que permita esta sostenibilidad de los procesos y nuestro mensaje es la reducción de emisiones. Esta es la mejor manera de relacionar los aspectos ambiental, social y económico dentro del concepto de cambio climático. Desde ese punto de vista, muchos países donantes ven a Costa Rica como un ejemplo a seguir. Primero por el compromiso pues no estábamos obligados; y segundo, por desarrollar mecanismos de control eficaces, sistemas de reducción  y estímulos para los sectores productivos para que este plan sea totalmente sostenible.

Mucho se habla de la oportunidad que plantea el cambio climático para transitar hacia una economía verde. ¿Está la región caminando en ese sentido? Son comunes los anuncios de inversiones en sectores como el minero y el de hidrocarburos, pero ¿cuál es balance sobre el desarrollo de proyectos de energías verdes?

En Costa Rica este año se han impulsado proyectos hidroeléctricos, se buscan iniciativas en inversiones para el sector transporte con el fin de renovar flotillas en el sector público y el acceso a créditos blandos para empresarios del sector. Una consultoría realizada por solicitud del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) plantea que hay que crear unos cimientos fuertes para poder trabajar en esos procesos, sobre todo desde el punto de vista del financiamiento.

¿Cuál es la situación respecto a la gestión de los residuos sólidos en Costa Rica?

Partamos de varias realidades. Primero, la Ley de residuos sólidos se aprobó hace un año, antes de eso no existía ninguna ley. Segundo, las responsabilidades que la ley otorgó a varias instituciones prácticamente se sesgaron al mandato del Ministerio de Salud, por lo tanto el Ministerio de Ambiente quedó algo marginado. Tercero, para poder aplicar la ley hay que tener un reglamento en el cual se está trabajando para que integre las mejores prácticas y mecanismos eficaces que permitan implementar la ley. A partir de muchos conceptos, como el de reutilización y reciclaje, en muchas empresas y actividades productivas esta es un uso habitual; pero para la sociedad civil no es tan sencillo, por eso no basta con políticas ni estrategias sino que tiene que haber incentivos y sanciones para poder implementar todo el proceso. Los grandes productores de residuos, que somos nosotros, desconocemos que tenemos derechos y obligaciones con el ambiente. Tales derechos son como decir que este producto no lo voy a comprar porque tiene envase elaborado con un material no biodegradable, por poner un ejemplo. El uso de las botellas plásticas, el reciclaje o el pago de un depósito para la reutilización de botellas son prácticas usuales a nivel global, pero aquí no, y esto obedece a que no ha habido la orientación apropiada y las sanciones a la gente se vuelven difíciles debido a que no tenemos a la mano las sanciones adecuadas.

El MINAET tiene todo un capítulo a través de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), de la Dirección de Cambio Climático y de la Dirección Sectorial de Energía, que crea y promueve mecanismos de gestión ambiental integral, por lo que pronto veremos la separación de residuos, el bajo consumo de energía y medidas de reciclaje en edificios públicos. Con el ejemplo se predica, y debemos ser los primeros en usar vehículos híbridos, como lo estamos haciendo en el Ministerio en realizar inversiones más inteligentes.

Costa Rica es visto como un país que protege el medioambiente, ¿cuál es su opinión del papel que juega?

Costa Rica es un referente a nivel mundial. A través de los años el país ha ganado un prestigio que no es comparable; (nosotros) hemos sido pioneros en el tema de los servicios ambientales. Ahora con la neutralidad de carbono nos tienen en la mira para ver cómo seguimos ese proceso. Entre mejor hagamos las cosas, más nos apoyan. La apuesta país por lograr este objetivo es la sostenibilidad y continuidad del proceso, sobre todo en materia de conservación de bosques.

*Andrei Bourrouet es Viceministro en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica. Se desempeñó como Gerente Corporativo Ambiente y Sistemas en Holcim del 2002 al 2010. Cuenta con un doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Hace un año en Cancún, las Partes decidieron propiciar un foro sobre el impacto de la implementación de medidas de respuesta, cuya misión es desarrollar un programa de trabajo puntual sobre dichos efectos. El propósito de este artículo, por tanto, es sugerir  algunos de los vínculos entre cambio climático y comercio, los cuales podrían ser debatidos en un foro dirigido a esa temática bajo el rubro de medidas de respuesta.

Las medidas de respuesta al cambio climático que adopte un país pueden derivar en un impacto sobre las perspectivas de desarrollo social y económico de otros países. Deben, por lo tanto, abordarse en el contexto de las negociaciones internacionales sobre cambio climático a fin de minimizar efectos adversos.

Existen dos formas en que las medidas de respuesta se relacionan con el comercio internacional. En primer término, las medidas de política sobre cambio climático pueden tener un impacto sobre los flujos de comercio, lo que sucedería, por ejemplo, cuando se regulan las emisiones relacionadas con el transporte internacional. En segundo lugar, también se da el caso que medidas comerciales, como las de ajuste en frontera, puedan usarse como herramientas para la mitigación del cambio climático.

La razón por la cual es importante no restringir el comercio de forma innecesaria es porque estas medidas pueden ser un importante vehículo para el desarrollo social y económico de los países. Lo anterior se potenciaría por medio del correcto diseño de estrategias comerciales, las cuales podría contribuir en la mitigación y adaptación del cambio climático, por ejemplo, fomentando la difusión de tecnologías amigables con el clima a través de la liberalización comercial, o bien al restringir el comercio de bienes intensivos en emisiones.

En efecto, los principios y compromisos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), su Protocolo de Kioto y la decisión de Cancún del grupo de trabajo especial sobre la cooperación a largo plazo (AWG-LCA), defienden que:

“las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional”.

En consecuencia, es necesario que las Partes evalúen, comprendan y trabajen cooperativamente para evitar las consecuencias potenciales, pero no intencionadas, de las medidas de respuesta, incluyendo sus efectos sobre el comercio internacional.

¿Dónde se deben abordar las cuestiones de comercio y cambio climático?

Lamentablemente a la fecha no existe ningún proceso en el sistema multilateral en el que los países puedan acceder a la información, evaluación o debate en asuntos conexos que puedan surgir de la relación entre comercio y cambio climático.

Ante la falta de un proceso similar, existe el riesgo de que las consideraciones de tipo comercial continúen impidiendo a las Partes tomar decisiones efectivas para abordar el cambio climático. De la misma forma, las acciones tomadas sin una comprensión clara y un escrutinio adecuado sobre las repercusiones comerciales podrían llevar a un desbalance entre la eficiencia de las políticas para combatir el cambio climático y la manera en que un comercio justo y abierto puede contribuir al crecimiento y desarrollo.

A nivel internacional, la Organización Mundial del Comercio y la CMNUCC son los dos foros que están más directamente relacionados con la discusión internacional. Idealmente, ambas deben permitir cierto grado de debate respecto a esa conexión, cuidando siempre el papel y el mandato de cada una de las organizaciones.

¿En qué aspectos se deben focalizar?

Aunque no se trata de una lista exhaustiva, las siguientes medidas para enfrentar el cambio climático pueden tener un impacto sobre el comercio o podrían constituirse en medidas comerciales que ameritarían ser ponderadas en el foro sobre medidas de respuesta:

• Esquemas de comercio de emisiones y la práctica de asignación de permisos libre de emisión

En los esquemas de comercio de emisiones, tanto los propuestos como los existentes, la práctica de atribuir permisos para emitir emisiones libres de cargas es una alternativa comúnmente recurrida. Esta práctica tiene varios propósitos. Por un lado, distribuir los permisos sin carga alguna en lugar de forzar a los contaminadores a pagar un precio es una forma de internalizar, lentamente, el costo del carbono. Por otro lado, a largo plazo, la principal razón es disminuir los riesgos de fuga de carbono, es decir, que las reducciones de las emisiones en un país regulador pueden traducirse en mayor emisiones en otro lado.

Sin embargo, si estos mecanismos son diseñados de una forma inadecuada, la atribución gratuita de permisos puede afectar negativamente a terceras partes, incluyendo los países en desarrollo.

• Medidas de ajuste en frontera

Las medidas de ajuste en frontera están destinadas a imponer una carga al carbono sobre productos o servicios importados. De manera similar que a las emisiones domésticas, estas medidas están pensadas para  generar cargas a las emisiones de importaciones; principalmente a través de un esquema de comercio de emisiones o impuesto al carbono. La razón de estos ajustes es combatir la fuga de carbono y la pérdida de competitividad. Especialmente los países en desarrollo, que no están preparados para emprender reducciones de emisiones, están preocupados porque sus exportaciones se verán afectadas y su desarrollo económico puesto en juego. Aunque en principio estas medidas no han sido aprobadas, desde el 2012, la inclusión de la aviación internacional en el esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea (UE ETS) podría entenderse como una medida de ajuste en frontera.

• Promoción de tecnologías y medidas de bajo carbono

El cambio hacia una economía de bajo carbono requerirá de grandes inversiones, tanto del sector privado como del público, para absorber los altos costos iniciales requeridos para desarrollar fuentes de energía verde. Como consecuencia, los subsidios y otros incentivos son casi indispensables para motivar a las empresas a invertir y producir productos y servicios con energías limpias. Dichos apoyos, no obstante, podrían perjudicar a las empresas extranjeras y por lo tanto distorsionar la competencia. En efecto, las barreras no arancelarias como los requisitos de eficiencia energética, etiquetado de productos, créditos a la exportación y subsidios a la industria, son incluso más significativos como variables que justifica el impacto en las exportaciones o importaciones de componentes y equipos de reequipamiento más que los mismos aranceles de importación.

El foro podría constituirse en un lugar para debatir y buscar un equilibrio entre la urgencia de los países de cosechar los beneficios a través de una economía de bajo carbono y las ambiciones más de largo plazo, a fin de optar por una plataforma que brinde incentivos para innovación, reducción de costos y políticas de calidad.

• Los esquemas de etiquetado y la huella de carbono

El número total de estándares de carbono e iniciativas de etiquetado está creciendo rápidamente. Tanto las normas desarrolladas por el gobierno, como aquellas aplicadas por el sector privado representan una gran cantidad de retos y oportunidades para el comercio, el desarrollo y la política climática, por lo que es indispensable un debate más amplio.

• Regulación del transporte internacional

La aviación y el transporte marítimos se han convertido en emisores cada vez más importantes de gases de efecto invernadero (GEI). Debido a la naturaleza internacional de estos sectores, tendría que ser a través de esos foros donde se encuentre la solución más efectiva. No obstante, hasta ahora las negociaciones han sido estériles debido a desacuerdos políticos sobre cómo plasmar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Ante este panorama, la UE ha decidido incluir la aviación en su sistema interno  de emisiones a partir de 2012. La regulación de este sector es no discriminatoria, en el sentido de que todos los operadores aéreos, sin importar su nacionalidad, deben renunciar a sus derechos de emisión para vuelos dentro de la UE, así como vuelos con destino y precedencia al territorio europeo. La regulación de las emisiones procedentes de la aviación es una medida de respuesta al cambio climático que podría tener un impacto en el comercio, y por ende, en las perspectivas de desarrollo de terceros países. Aquellas economías que dependen fuertemente del turismo, o del comercio de bienes mediante flete aéreo, están muy preocupadas por este tipo de acciones unilaterales.

Recomendaciones para el programa de trabajo del foro

¿Cuáles son entonces las opciones? Un foro dentro de la CMNUCC podría tratar una variedad de temas, y ciertamente el comercio podría ser uno de ellos. Tres son los posibles pilares para la acción a desarrollar: transparencia, investigación y análisis y diálogo. El programa de trabajo de dicho foro podría contemplar lo siguiente:

Medidas de transparencia

La transparencia en las respuestas al cambio climático podría beneficiar tanto a los países que adopten las medidas como a aquellos que podrían ser impactados. Un aumento en los puntos de vista positivos sobre las medidas de respuesta podría contribuir a resultados positivos en futuras negociaciones, ya que se basaría en la buena voluntad de las partes; además de los beneficios reales en términos de desarrollo sostenible.

Extraer lecciones de los resultados positivos también permitiría la optimización de las medidas de política en el futuro. Un buen escrutinio sobre las repercusiones de estas políticas en terceros países puede fomentar mejoras en su diseño para así minimizar cualquier impacto adverso.

Por último, los países que podrían verse afectados conseguirán formular políticas mejor fundamentadas para proteger sus economías de los efectos adversos. Esa transparencia puede lograrse a través de un proceso de notificación y revisión, donde las Partes que emprendan esfuerzos de mitigación deban notificar las medidas, las cuales luego estarán sujetas a un proceso de revisión donde otras Partes tendrán la oportunidad de pedir información, así como emitir comentarios sobre las mismas. Otra opción podría ser permitir una revisión frecuente de las medidas de respuesta por un órgano especialmente creado para dicho propósito, posiblemente mejorado por la información y los comentarios de los países que implementan la medida. Todas las Partes serán luego invitadas a debatir y reaccionar a esa revisión. Dicha opción podría estar inspirada por los Exámenes de Política Comercial en la OMC.

Los países también podrían informar sobre las experiencias de dichos impactos en su desarrollo social y económico, así como respecto de sus propias medidas.

Experiencia, investigación e información

El foro incluye un proceso para compilar, estructurar y poner esta información a disposición en una base de datos. Esto permitirá la identificación de brechas de  investigación. La base de datos podría ser incluso mejorada con el apoyo de un grupo de especialistas de organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil o la academia para brindar consultoría, investigación y análisis puntual respecto a los temas del foro.

Diálogo

El foro podría ser un espacio permanente de diálogo. Esto le permitirá a las Partes, así como a otras organizaciones, ponderar asuntos y circunstancias particulares que se presenten conforme los países vayan implementando nuevas medidas de mitigación. De esta forma, el foro puede también ayudar a ventilar preocupaciones, presentar información diversa y desarrollar soluciones.

¿Y el papel de la OMC?

Parte de la controversia en torno al comercio en el contexto de las negociaciones de la CMNUCC se debe a la incertidumbre sobre cómo y dónde tratar estos aspectos, así como al hecho de que hay otros procesos multilaterales y acuerdos y mandatos en material comercial. Por lo tanto es importante aclarar en qué asuntos y procesos el foro de cambio climático no tiene un mandato preciso, por lo que no deben tratarse en esa esfera. Estas son:

• Formulación de reglas comerciales
• Implementación de medidas comerciales
• Resolución de violaciones de normas comerciales
• Liberalización y reforma del comercio mundial

En efecto, la OMC así como otros acuerdos comerciales tienen un papel crucial que jugar en este sentido. Las instituciones comerciales están cada vez más preocupadas por el clima y es través de debates sobre cómo el comercio puede ser un catalizador de acciones de mitigación o adaptación, en donde se puede lograr avances en un área que amerita atención.

Finalmente, estos sistemas, aunque son distintos, están interrelacionados y debe ser coordinados. Lo que es realmente relevante es aclarar las responsabilidades de cada una de ellos y asegurarse de que exista un foro y un proceso para pugnar por el desarrollo sostenible.

Una amplia gama de servicios de múltiples sectores ha sido incluida en la lista de la OMC para la liberalización de bienes y servicios ambientales, los cuales podrían estar relacionados con la implementación de políticas de cambio climático. Desde el año 2009, con 15a. Conferencia de las Partes celebrada en Copenhague, se ha percibido un renovado compromiso en torno a las negociaciones sobre bienes y servicios ambientales en la OMC, pues el cambio climático cada vez logra más protagonismo en el debate.

A pesar de los beneficios potenciales de la liberalización del comercio de bienes y servicios ambientales en la lucha contra el cambio climático que tanto se han propagado, aún hay importantes obstáculos que salvar para su consecución. En primer lugar, la identificación de un conjunto de servicios vinculados al cambio climático que podría ser objeto de una negociación es una tarea de enormes proporciones, debido a que éstos están esparcidos en diversos sectores. En segundo lugar, la desvinculación entre las negociaciones sobre bienes y servicios ambientales es otro reto mayúsculo, dado que ciertos productos ambientalmente inocuos son indispensables para la prestación de los servicios asociados y viceversa.

En este contexto, es crucial enfrentar estos desafíos a través de la identificación de los servicios que están directamente vinculados a las tecnologías de mitigación del cambio climático y analizar los compromisos específicos contraídos por los principales socios comerciales. Teniendo en cuenta que algunos de los servicios clave requeridos para la mitigación con frecuencia no están disponibles en los países receptores, la liberalización comerciales de los mismos no sólo puede facilitar la difusión de las tecnologías asociadas a la mitigación del cambio climático, sino también propiciar que los países puedan acceder fácilmente a estos servicios.

Negociaciones sobre servicios relacionados con el cambio climático

Las negociaciones sobre el comercio de servicios de la Ronda Uruguay siguen en curso desde 2001. El Consejo de Comercio de Servicios de la OMC estableció el enfoque de negociación basado en peticiones y ofertas para los compromisos específicos de acceso a los mercados de servicios. Hasta abril de 2011, un total de 71 ofertas iniciales y 31 ofertas revisadas habían sido presentadas ante el organismo multilateral.

Debe destacarse que la negociación sobre servicios ambientales se desarrolla en el marco de la Sesión Especial del Comité sobre el Comercio de Servicios, sin embargo, el avance ha sido lento, dadas los inconvenientes para actualizar las clasificaciones usadas en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) vigente. En particular, el problema del “uso dual” persiste debido a que ciertos servicios ambientales se superponen cada vez más con servicios clasificados en otros sectores.

Las opiniones están divididas sobre si la adecuada clasificación es un requisito previo para la programación de compromisos significativos que apoyen el cambio climático. Algunos argumentan que la ausencia de una adecuada clasificación no impide a los Miembros negociar servicios vinculados al cambio climático. Pese a las posturas encontradas, lo más importante es asegurarse que cada lista de compromisos sea coherente internamente y con alcances claros y precisos.

Otra particularidad del AGCS es que tiene flexibilidad suficiente para precisar el alcance de los compromisos en las listas de los Miembros. Según el acuerdo, todos los Miembros de la OMC están sujetos a obligaciones de carácter general, incluido el trato de nación más favorecida (NMF) y la transparencia, las cuales se aplican a todos los sectores de servicios. No obstante, las principales obligaciones del AGCS, es decir, acceso a mercados y trato nacional, sólo se aplican en sectores donde los Miembros se comprometen a “compromisos específicos”, que figuran en sus listas de compromisos, de manera que los Miembros pueden seleccionar los sectores y modos de suministro para los que están dispuestos a asumir compromisos específicos.

Servicios que ayudan a difundir las tecnologías de mitigación del cambio climático

Los “servicios complementarios de las tecnologías de mitigación del cambio climático”, tales como el suministro de energía, transporte, construcción, industria y manejo de residuos,  forman parte de varios sectores clave de mitigación identificados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En su mayoría, estos servicios se asocian a los siguientes grupos perteneciente a la Clasificación Centralizada de Productos (CCP): i) otros servicios profesionales, técnicos y de negocios; ii) servicios de construcción; iii) aguas residuales y recolección, tratamiento y eliminación de residuos y otros servicios de protección del medio ambiente (servicios ambientales en general excluyendo los “de saneamiento y servicios similares”).

En el grupo de “otros servicios profesionales, técnicos y de negocios”, los de ingeniería, junto con los de construcción son fundamentales para la entrega eficaz de servicios públicos, tales como el tratamiento de aguas residuales, sistemas de transporte y la generación y transmisión de electricidad. Si bien a nivel nacional las estadísticas sobre el comercio en este grupo de servicios son difíciles de obtener, datos actuales revelan que países como India, Brasil, Rusia, Singapur y Corea del Sur son grandes exportadores de  estos servicios. Como importador, Kazajstán, además de estas economías emergentes, se consolida como un socio muy relevante.

En cuanto a los servicios de construcción, éstos están presentes en la implementación de diversas opciones de mitigación en distintos sectores, incluyendo el suministro de energía, transporte, edificación, industria y residuos. Mientras que muchos países en desarrollo siguen siendo en gran medida importadores de servicios de construcción, varias economías emergentes y en transición están surgiendo como grandes exportadores. Después de la UE, Japón y los Estados Unidos, países como China y Rusia son los principales exportadores en este sector.

El grupo de servicios ambientales, con exclusión de “los servicios de saneamiento y similares”, también parecen estar directamente vinculados a las tecnologías de mitigación del cambio climático en sectores como: suministro de energía, silvicultura/bosques y desechos. Para el año 2007, y dado que la mayoría de las grandes corporaciones multinacionales tiene su sede en los EE.UU., la UE y Japón, estas tres regiones concentraron un 81% del valor de mercado mundial. Aunque por la carencia de datos es difícil calcular el volumen comercial de los servicios ambientales, las cifras existentes para el sector de medio ambiente revelan que el 90% de las exportaciones totales en 2010 procedían de estos tres lugares.

Compromisos específicos de los países con mayor comercio de servicios

De acuerdo con el AGCS, los proveedores de servicios son personas físicas o jurídicas. Los modos de suministro difieren dependiendo de la ubicación del proveedor de servicios y del consumidor. Los modos predominantes para los “servicios complementarios de las tecnologías de mitigación del cambio climático” son la “presencia comercial” (modo 3) y “movimiento de personas físicas” (modo 4), básicamente porque la prestación de servicios para la construcción y la ingeniería de proyectos de producción de energía, eficiencia energética, edificios o plantas industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales requieren de la presencia comercial. La prestación de estos servicios también debe estar acompañada por una serie de servicios profesionales relevantes, técnicos y de negocios, los cuales son suministrados por un movimiento temporal de proveedores de servicios calificados.

La prestación de servicios a través de “suministro transfronterizo” (modo 1) también está aumentando gracias a los nuevos canales de la oferta electrónica, en particular en “otros servicios profesionales, técnicos y de negocios”, así como en el sector de “servicios ambientales”. Por lo tanto, en los tres grupos de CCP, los compromisos de los Miembros de la OMC en el modo 1 son cada vez más importantes para facilitar su comercio.

El análisis de los compromisos asumidos por los principales países demuestra que son pocos los que han tomado compromisos totales. Por ejemplo, Australia ha asumido un compromiso pleno en lo referente a “otros servicios profesionales, técnicos y de negocios”. Canadá y Taiwan, por su parte, han puesto especial atención a los “servicios ambientales”, excluyendo los servicios de saneamiento y otros similares. Ninguno de los principales países han asumido un compromiso pleno en los servicios de construcción y relacionados.

Otro aspecto necesario de destacar son las limitaciones específicas más frecuentemente aplicadas al modo 3, las cuales se encuentran bajo la forma de: 1) restricciones a la formación de las empresas extranjeras con personalidad jurídica; 2) exigencia de una “prueba de necesidades económicas “para su establecimiento comercial; 3) restricciones a la inversión extranjera (por ejemplo, equidad de capital extranjero); y 4) requerimiento de nacionalidad o residencia para la acreditación de ciertos tipos de proveedores de servicios (en términos de limitaciones al trato nacional). Paralelo a ello, también se identificaron otras restricciones de tipo horizontal al modo 3: 1) Restricciones a la adquisición de terrenos y bienes inmuebles; y 2) acceso limitado a subsidios, incluyendo beneficios fiscales.

Mientras la mayoría de los países que comercializan servicios omiten consolidar aspectos relacionados al modo 4, a excepción de lo indicado en los compromisos horizontales, lo cierto es que la mayoría de los países sí aplican restricciones a este modo de suministro. La forma más común son las “restricciones a la entrada y estancia temporal de los proveedores de diversos servicios como personal transferido entre empresas, proveedores de servicios contractuales, los visitantes de negocio, vendedores de servicios y profesionales independientes”. En términos de limitaciones al trato nacional, las siguientes restricciones también son frecuentes: 1) limitado reconocimiento de los diplomas de terceros países para la práctica de servicios profesionales; 2) restricciones a los ciudadanos extranjeros o empresas extranjeras para la adquisición de tierras y bienes raíces; 3) restricciones para que los proveedores de servicios extranjeros se conviertan en monopolios públicos; y 4) acceso limitado a subsidios, incluyendo beneficios fiscales.

En sus ofertas iniciales y/o revisadas, pocos países ofrecieron nuevos compromisos en los tres grupos de servicios durante la Ronda Doha. De éstas, solamente se aceptan como nuevos compromisos las limitaciones de la UE sobre “servicios relacionados con la distribución de energía”, y los de Australia en “otros servicios ambientales”.

Tampoco se han observado progresos cuantiosos en las limitaciones horizontales de las ofertas iniciales o revisadas. La revisión de estas ofertas demostró que las restricciones  horizontales en cuanto a los modos de suministro siguen siendo las mismas. Es notable, sin embargo, que la mayoría de los países que inicialmente dejaron sin consolidar el modo 1 en el sector de servicios ambientales, han asumido compromisos limitados en sus ofertas. Dada la creciente importancia del modo 1 en la prestación de servicios complementarios de tecnologías de mitigación al cambio climático, los compromisos de mejora, sobre todo en “otros servicios profesionales, técnicos y de negocio”, podrían ayudar a facilitar su comercio.

Finalmente, no se debe perder de vista la complementariedad de los modos 3 y 4 en el suministro de servicios relacionados entre sí, lo cuales merecen la debida consideración en el tratamiento de las limitaciones de estos modos de suministros.

Conclusiones

El análisis de los compromisos específicos de los países más relevantes que comercializan servicios complementarios de las tecnologías de mitigación del cambio climático revela que los principales modos de suministro de estos grupos de servicios son sumamente restringidos. Hasta ahora, los avances en las ofertas iniciales y revisadas de los Miembros de la OMC han sido limitados.

Varios estudios empíricos revelan que algunos de los servicios básicos necesarios para las opciones de mitigación - que van desde proyectos de eficiencia energética a los proyectos de escala de servicios públicos de energía eólica - a menudo no están disponibles en los países receptores. La liberalización del comercio de estos servicios, por lo tanto, podría no sólo facilitar la difusión de las tecnologías asociadas a la mitigación del cambio climático, sino también a facilitar el acceso para los países interesados.

Aunque se plantean preocupaciones en torno a que “los servicios complementarios de las tecnologías de mitigación del cambio climático” podrían agravar el problema persistente de “uso dual”, el AGCS presenta la suficiente flexibilidad para precisar el alcance de los compromisos en las listas de los Miembros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que facilitar el comercio de “servicios complementarios de las tecnologías de mitigación del cambio climático” va más allá de los límites de la AGCS, ya que las barreras comerciales a estos servicios no están limitadas a acceso a mercados y trato nacional.

*Consultora independiente. Esta publicación es una versión abreviada de un estudio recientemente publicado por ICTSD, bajo el título de Facilitating Trade in Services Complementary to Climate-friendly Technologies, el cual puede consultarse en: http://ictsd.org/i/publications/115719/.

Las instituciones Global Green Growth Institute, Peterson Institute for International Economics y ICTSD respaldan una propuesta para promover con ahínco el consumo y la producción de energía sostenible. Los detalles de la misma pueden encontrarse en un documento de investigación auspiciado por los tres organismos, donde se pone de relieve el papel del comercio para contribuir a la ampliación y el despliegue masivo de energías renovables a fin de garantizar la seguridad energética y luchar contra el cambio climático. Los autores argumentan que la mejor forma de abordar la negociación de un acuerdo comercial en materia de energía sostenible podría ser a través de una fórmula plurilateral fuera o dentro de la OMC y que incluya a las principales economías y emisores de gases de efecto invernadero. http://ictsd.org/i/publications/117557/

Comercio de servicios y cambio climático van de la mano

Una mayor liberalización y adquisición de compromisos por parte de los Miembros de la OMC en materia de servicios podría apoyar el combate contra el cambio climático, es la premisa de Joy Aeree Kim. Esta consultora independiente asegura que propiciar más comercio de determinados servicios, como los identificados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, es fundamental para el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas con el clima. Entre estos servicios se encuentran: el suministro de energía, el transporte, la construcción, la industria, la agricultura, otros servicios profesionales, técnicos y de negocios, o la recolección, el tratamiento y la eliminación de residuos: http://ictsd.org/i/publications/115719/

Una versión corta de este relevante material de investigación puede encontrarse en esta edición de Puentes.

Acuerdos preferenciales y propiedad intelectual en países en desarrollo

Las disposiciones sobre propiedad intelectual más recientes en los Acuerdos Preferenciales de Comercio (APC), también conocidas como ADPIC Plus por su contenido más exigente en comparación con las normas multilaterales, han abierto un gran debate por su repercusiones en objetivos de desarrollo e interés público. Esta investigación de Ermias Tekeste Biadgleng y Jean-Christophe Maur destaca que los APC están jugando un rol preponderante en las reformas de los regímenes de propiedad intelectual de países en desarrollo, por lo que éstos deben poner especial atención debido a que la fase de implementación de dichos acuerdos se ha vuelto compleja tanto en la esfera institucional como técnica. El estudio puede consultarse en: http://ictsd.org/i/publications/119059/

¿Qué tan efectiva es la Ayuda para el Comercio?

Ratnakar Adhikari, del South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE), es el autor de este documento de investigación encomendado por ICTSD para evaluar la efectividad y el impacto real de la iniciativa de Ayuda para el Comercio a nivel doméstico. La metodología desarrollada complementa los esfuerzos de otros organismos internacionales para medir de manera integral la experiencia de ciertos países para mejorar su capacidad de comercialización a través de Ayuda para el Comercio. La adicionalidad y la previsibilidad de los fondos, la apropiación local de la iniciativa, así como la coordinación de los donantes son algunos de los aspectos que ponderados en este estudio. Disponible en: http://ictsd.org/i/publications/119066/

5-6 de diciembre. The Durban Trade and Climate Change Symposium at COP 17 / CMP 7. Durban, Suráfrica. http://ictsd.org/

6 de diciembre. La Efectividad e Impacto en el Desarrollo de la Ayuda Para el Comercio. San Isidro, Perú. http://ictsd.org/

6 de diciembre. Seminario Internacional Competitividad e Inclusión Social: Nuevas Direcciones para el Diseño de Políticas para la Agricultura en América Latina y el Caribe. Santiago, Chile. http://www.cepal.org/

7 de diciembre. CAP reform proposals: implications for trade, development and the environment. Bruselas, Bélgica. http://ictsd.org/

7 de diciembre. Side-event, Emerging Economy Trade-Related Response Measures to Climate Change Emissions Trading Schemes. Durban, Suráfrica. http://ictsd.org/

9 de diciembre. DC Comparative Politics & Political Economy Seminar Series. Washington, D.C. http://www.iadb.org/

12 de diciembre. Launch of “Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter” published by Kluwer Law International. Ginebra, Suiza. http://www.wto.org/

15 de diciembre. Fortaleciendo Transparencia e Integridad como condición para el desarrollo sostenible. Washington, D.C. http://events.iadb.org/

15-17 de diciembre. Conferencia Ministerial de la OMC. Ginebra, Suiza. http://www.wto.org/

16 de diciembre. Seminario Internacional de Inclusión Financiera para los sectores de la Economía Popular y el rol de las regiones. Quito, Ecuador. http://www.iadb.org/

Ahmed, A., Maskus, K., Okediji, R., Reichman, J. & Roffe, P. Overcoming the Impasse on Intellectual Property and Climate Change at the UNFCCC. Ginebra: ICTSD. http://ictsd.org/i/publications/120254/

Alvarez, M. & Durán, J. (2011). Manual de comercio exterior y política comercial. Nociones básicas, clasificaciones e indicadores de posición y dinamismo. Santiago: CEPAL.  http://www.cepal.org
/publicaciones/xml/5/44955/Manual_comercio_exterior_politica_comercial_W_430.pdf

Cesa-Bianchi, A., Pesaran, H., Rebucci, A. & Xu, T. (2011). China’s Emergence in the World Economy and Business Cycles in Latin America. Washington, D.C.: IADB.  http://www.iadb.org/research
/pub_desc.cfm?language=English&PUB_ID=IDB-WP-266

Chidiak, M. & Gutman, M. (2011). Desafíos e implicancias fiscales de la inversión en infraestructura baja en carbono. Santiago: CEPAL.  http://www.cepal.org/de/publicaciones/xml/1/44941/SERIE_MD_115.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2011). Trade, poverty and complementary policies in Latin America. Santiago.  http://www.cepal.org/comercio/publicaciones/xml/6/45016
/Trade_Poverty_and_Complementary_Policies_Latin_America_W_365i.pdf

Cuéllar, J. (2011). Programa de seguridad alimentaria: Experiencias en México y otros países. Santiago: CEPAL. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/44723/2011-050_Programa_seguridad_alimentaria-
L.1035-web.pdf

Durán, J. Terra, M. & Zaclicever, D. (2011). Efectos de las medidas de política comercial aplicadas en América Latina sobre el comercio regional y extrarregional. Santiago: CEPAL.  http://www.cepal.org/comercio
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Escobar, M., Flores, F. & Clark, V. (2011). Energy-Water-Climate Planning for Development without Carbon in Latin America and the Caribbean. Somerville. http://sei-us.org//Publications_PDF/SEI-Development-
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Stanton, E., Marion, D. & Bueno, R. (2011). Real People, Real Impacts: The Climate Impact Equity Lens. Somerville. http://sei-ciel.org/CIELmainreport.pdf

Tekeste, E. & Maur, J. (2011). The Influence of Preferential Trade Agreements on the Implementation of Intellectual Property Rights in Developing Countries. Ginebra: ICTSD. http://ictsd.org/downloads/2011/11
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World Growth (2011). Abuse of sustainability standards: an attack on free trade, competition and economic growth. Arlington. http://www.worldgrowth.org/assets/files
/WG_Abuse_Of_Sustainability_Standards_9_11.pdf

La diversificación de los socios comerciales les ha permitido a los países latinoamericanos mantener el ritmo de sus exportaciones así como sus negocios en el mundo. Varios acuerdos comerciales han entrado en vigencia o lo harán próximamente en algunos países de la región. Los tratados de libre comercio recientemente aprobados por el Congreso de los EE.UU. con Colombia y Panamá son muestra de ello, razón por la cual Puentes expone algunas consideraciones en torno a la preparación que podrían tomarse en cuenta para enfrentar la competencia internacional.

Otro foco que está llamando la atención es el nuevo papel que están jugando las cuatro principales economías emergentes: Brasil, Rusia, India, y China, el llamado grupo BRIC, como impulsores de la economía internacional, y por ende, la responsabilidad inherente que adquiere este grupo ante problemas globales como el cambio climático.

Centrándonos en aspectos concernientes a la región, Jorge Mario Martínez, Oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), nos hace un detallado análisis de los nuevos mecanismos que están empleando los países centroamericanos para atraer inversión extranjera directa y fomentar su aparato exportador.

Las repercusiones de los aspectos ambientales en las inversiones y el comercio han sido frecuentemente estudiadas dada la importancia que han tomado las negociaciones sobre cambio climático, así como la riqueza que tienen muchos países latinoamericanos en biodiversidad y recursos naturales. En ese contexto, el investigador Julio Fierro Morales se refiere a la situación preocupante de la minería en Colombia.

Alicia Puyana, profesora e investigadora de FLACSO, hace un análisis crítico sobre las consecuencias que ha tenido para México la puesta en marcha de políticas de liberalización del comercio y de ingreso de capitales.

Una línea de interés permanente en Puentes es el tema de la seguridad alimentaria.  En esta ocasión agregamos una reflexión del profesor Stefan Tangermann, ex director de Comercio y Agricultura de la OCDE, quien resalta la preocupación respecto a las condiciones económicas actuales que han exacerbado la volatilidad de los precios de los alimentos en los últimos años, así como las medidas que están tomando los países para atacar ese problema.

Finalmente, Luis Gil Abinader, en un interesante artículo sobre el empaquetamiento genérico de cigarrillos, pone en la discusión la resolución de este conflicto que más allá de aspectos de propiedad intelectual, concierne a medidas de salud pública.

Puentes espera que esta serie de artículos pueda mostrar nuevos puntos de vista que sobre la intersección entre el comercio y el desarrollo sostenible. Esperamos seguir contando con su preferencia,

El equipo de Puentes.