La Conferencia Rio+20 marca el vigésimo aniversario de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El objetivo de la cumbre es asegurar un compromiso renovado con el desarrollo sostenible, así como cumplir nuevos retos enfocándose en las siguientes temáticas: economía verde en el contexto de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, así como el marco institucional para el desarrollo sostenible.

Los dos co-presidentes del Panel, la presidenta de Finlandia Tarja Halonen y el primer mandatario de Sudáfrica, Jacob Zuma, presentaron el informe al Secretario General de NN.UU. Ban Ki-moon en la reunión de la Unión Africana en Addis Ababa.

El informe llega 25 años después del lanzamiento del informe Brundtland, que acuñó el concepto de desarrollo sostenible. Según el nuevo documento “Hoy podemos observar con mayor claridad que el crecimiento económico, la protección ambiental y la equidad social son parte de la misma agenda: la agenda del desarrollo sostenible. Nosotros no podemos hacer un progreso duradero sin el progreso de todos….”

El documento de NN.UU. se enfoca en una variedad de temas, como las modalidades para incluir aspectos sociales y ambientales en las economías; las formas de medir los progresos más allá del producto interno bruto; los indicadores de desarrollo sostenible, así como el reforzamiento del papel de la ciencia en el proceso político. El informe contiene 56 recomendaciones puntuales, así como un llamado a hacer una revisión periódica del desarrollo sostenible.

Los objetivos de desarrollo sostenible que son referidos en el informe hacen eco a debates similares que tuvieron lugar en el camino hacia Rio+20. El plazo para implementar los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio es el año 2015, por lo que el informe destaca que el mundo enfrenta retos crecientes en materia de desarrollo sostenible.

El Secretario General de NN.UU., Ban Ki-moon, agregó algunas recomendaciones adicionales, como implementar grupos de trabajo para desarrollar indicadores para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible, así como definir nuevos objetivos en ese sentido para el periodo posterior a 2015. Enfatizó que el desarrollo sostenible será fundamental para la segunda parte de su mandato.

Las reacciones no se han hecho esperar. Varias organizaciones civiles dieron la bienvenida al documento, como WWF u Oxfam, aunque puntualizaron que no hacía un llamado a acciones inmediatas y concretas.

Algunas opiniones señalan el hecho de que acordar una serie objetivos universales de desarrollo sostenible iría en contra del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pues eliminaría la diferenciación entre obligaciones para los países en desarrollo y desarrollados.

Mientras tanto, diplomáticos y distintos actores involucrados se reunieron en Nueva York la semana pasada para iniciar los debates en torno al documento base para las negociaciones de la cumbre Rio+20. El borrador “cero” fue dado a conocer este 10 de enero.

Por ahora se han recibido comentarios generales y algunas observaciones preliminares sobre el texto. El camino futuro parece complicado y largo hasta lograr cierta definición particular respecto a las distintas temáticas comprendidas.

La siguiente ronda de negociaciones “informales” sobre dicho borrador “cero” tendrá lugar del 19 al 23 de marzo, mientras que la siguiente sesión del Comité Preparatorio de Rio+20 está programada del 25 al 27 de marzo.

El documento en su versión en inglés puede descargarse en: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/docs/gsp_report_2012_en.pdf

Traducción y adaptación de ICTSD y CINPE. “UN Sustainability Panel Provides Input to Rio+20 Process”, Bridges Weekly Trade News Digest, Vol. 16, No. 4, 1 de febrero de 2012.

En la apelación del informe que fue publicado en julio de 2011, China cuestionó las constataciones del grupo especial en torno a que las restricciones a la exportación a Beijing no podían justificarse como medidas destinadas a la conservación de los recursos o a la protección al medio ambiente, o bien a gestionar desabastos críticos.

Beijing mantiene un sistema de derechos y cuotas de exportación para varias materias primas - incluido el zinc y la bauxita - y algunas de estas solamente se encuentran en China. El resultado inevitable son elevados precios de exportación  y una oferta limitada que tiene impactos sobre el acero, el aluminio, la industria química y su cadena de clientes.

“El fallo es un importante éxito en nuestros esfuerzos por asegurar un acceso justo a las tan necesitadas materias primas en la industria de la UE”, declaró el Comisario de Comercio de la UE, Karel de Gucht. “Manda una clara señal de que esas medidas no pueden usarse como una medida proteccionista para activar la industria doméstica a expensas de la competencia extranjera”, comentó.

A pesar de que los co-demandantes han reiterado de que las restricciones chinas en realidad son medidas proteccionistas, el país asiático sostiene que eran necesarias para conservar recursos agotables, así como para asegurar la oferta doméstica. El Órgano de Apelación confirmó el rechazo del grupo especial sobre estas defensas.

Es la primera vez que el máximo tribunal de la OMC aclara las reglas comerciales respecto a las restricciones a las exportaciones cuyo objetivo es gestionar el desabasto de productos esenciales.

El articulo XI.2 (a) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) establece que una prohibición general de las restricciones cuantitativas no es aplicable cuando es tomada temporalmente para prevenir o aliviar una oferta limitada de alimentos u otros productos esenciales.

Esta disposición está muy ligada al artículo XX del GATT que contiene las excepciones para apartarse de las reglas de la OMC en aras de salvaguardar objetivos de política pública, tales como la salud pública o la conservación de los recursos naturales. De hecho, China argumentó que el previsible agotamiento de los recursos finitos era realmente una escasez crítica.

A diferencia del artículo XX (g) sobre medidas de conservación, el artículo XI.2 (a) del GATT no requiere que las medidas externas estén ligadas a restricciones sobre producción o consumo doméstico.

Durante los presentes procedimientos, China argumentó que la excepción del artículo XI.2 (a) no es aplicable a las medidas preventivas de largo plazo. El Órgano de Apelación no obstante estuvo en desacuerdo, y advirtió que solamente se observan de manera provisional para brindar un desahogo en condiciones extraordinarias con el objetivo de superar una necesidad eventual.

Los informes del panel y del Órgano de Apelación serán turnados al Órgano de Solución de Diferencias para su adopción formal dentro de 30 días. China estará obligada a poner en conformidad sus medidas dentro de un periodo razonable de tiempo.

Traducción y adaptación de ICTSD y CINPE. “Beijing’s Raw Material Export Restrictions Illegal, Appellate Body Confirms”, Bridges Weekly Trade News Digest, Vol. 16, No. 4, 1 de febrero de 2012.

La demanda, que fue entregada el pasado 22 de diciembre, defiende que el proyecto de infraestructura amenaza la Reserva de la Biosfera Indio Maíz, un área particularmente sensible del Corredor Mesoamericano, la cual es parte de una enorme red de áreas protegidas que nace en México y que atraviesa la mayoría de los países centroamericanos.

“Las acciones unilaterales de Costa Rica…amenazan con destruir el Río San Juan de Nicaragua y su frágil ecosistema, incluyendo las reservas de la biosfera adyacente y los humedales internacionalmente protegidos”, dicta la demanda ante la CIJ.

Nicaragua insiste en que resolver este asunto es urgente, aunque señala que el daño ambiental ya ha ocurrido. El demandante advierte que el proyecto ya afectó la calidad del agua del Río San Juan y se constituye en una amenaza para las especies en peligro de extinción que dependen del río, pues vierte sedimentos y se han eliminado tierra, árboles y otras cubiertas de vegetación. Nicaragua sostiene que estos temas se acrecentarán con el tiempo a que medida que aumente la erosión del suelo en conjunto con la tala de árboles.

En un esfuerzo por limitar el daño al río, el gobierno de Nicaragua ha anunciado sus planes para extender las operaciones de dragado con el intento de remover los sedimentos que se arrojaron durante las fases iniciales de la construcción.

Nicaragua espera que la CIJ apoye la integridad territorial del país y reafirme los acuerdos internacionales que garantizan la protección del río en cuestión, así como la biosfera a su alrededor. El demandante solicita que Costa Rica restaure las zonas afectadas a su estado original, y pague todos los costos asociados a la reparación de daños ya infringidos, incluidos los trabajos de dragado planeados por el gobierno nicaragüense.

Finalmente, Nicaragua solicita que se le impida a Costa Rica proseguir con la construcción de la carretera paralela al río, sin antes comisionar un estudio de impacto ambiental y entregarlo al gobierno de Nicaragua para que formule sus observaciones y recomendaciones puntuales antes de iniciar la obra. Costa Rica niega enérgicamente tener responsabilidad alguna, destacando que hasta que Nicaragua cumpla con todas las medidas impuestas por un fallo previo de la CIJ en materia de derechos de navegación sobre el Río San Juan, debe abstenerse de imponerle obligaciones a Costa Rica.

Costa Rica ha anunciado que está preparado para defenderse en contra de los alegatos de Nicaragua, y que no tiene intención alguna de detener la construcción. Este país tendrá como fecha máxima para presentar la contestación de la demanda hasta el 19 de diciembre de 2013.

La carretera está diseñada para conectar a 20 comunidades que están aisladas del resto del país. Las personas locales actualmente dependen del Río San Juan para transportarse a sus distintas actividades. La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, afirma que gran parte del territorio en pugna ya ha sufrido deforestación a causa del ganado, por lo que el impacto ambiental de la obra es mínimo. Además, el Gobierno calificó las acciones de Nicaragua como un intento de “tender una cortina de humo para ocultar la gravedad de sus acciones de ocupación ilegal”. El vicecanciller costarricense, Carlos Roverssi, coincide con la mandataria y asegura que el gobierno costarricense podría ganar el proceso interpuesto.

Tanto Nicaragua como Costa Rica son usuarios frecuentes y a la vez recientes del sistema de la CIJ. Una disputa territorial entre estos dos países en torno a los derechos de navegación y conexos de Costa Rica sobre partes específicas del Río San Juan, así como el posicionamiento de las tropas nicaragüenses fue recientemente resuelta en el máximo tribunal internacional. Aspectos como la soberanía y la protección ambiental también jugaron un papel preponderante en ese juicio.

Traducción y adaptación de ICTSD y CINPE. “Nicaragua Challenges Costa Rica at ICJ over Environmental Damages”, Bridges Trade BioRes, Vol. 12, No. 1, 23 de enero de 2012.

La vocera de la oficina del Representante Comercial de los EE.UU, Andrea Mead, indicó que para  Washington, la decisión de apelar “demuestra el compromiso de los Estados Unidos con nuestras medidas de etiquetado “dolphin safe“, dijo. “(Las etiquetas)  brindan información a los consumidores estadounidenses, pues son quienes toman las decisiones de compras alimenticias para sus familias”.

En seguimiento a la decisión del gobierno de los EE.UU., la Secretaría de Economía emitió un comunicado de prensa luego del anuncio del gobierno estadounidense, a través  del cual también advirtió que apelaría el fallo del grupo especial, particularmente  respecto a los aspectos que el panel no resolvió a favor de México, como lo son las implicaciones discriminatorias de la etiqueta “delfín-seguro”.

Para este caso, el informe del grupo especial se circuló en septiembre de 2011, el cual fue percibido como una victoria ambivalente para México. En última instancia, el gobierno mexicano resultó vencedor debido a la constatación del panel de que las medidas estadounidenses son un reglamento técnico innecesariamente restrictivo para el comercio que por lo tanto viola el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC.

El panel, no obstante, también respaldó a Washington en algunos aspectos del caso, especialmente en el alegato de México de que la medida era discriminatoria. El grupo especial determinó que la política de etiquetado no favorecía los productos de atún de los EE.UU. o de otros países en detrimento de los procedentes de México.

Las constataciones del panel de septiembre pasado conllevan varias complicaciones para ambas partes, aunque por distintas razones.

Los EE.UU. están cuestionando las conclusiones por las siguientes causas. Primero, buscan establecer que las reglas de etiqueta son en realidad voluntarias en los EE.UU., sobre la base de que no deben cumplirse para colocar el producto en su mercado. En otras palabras, el gobierno estadounidense defiende que la etiqueta no es obligatoria.

Este ha sido un aspecto importante en el caso en cuestión, pues no se requiere la etiqueta para la actividad de importación o mercadeo del producto. No obstante, debido a que la medida prohíbe todas las etiquetas alternativas que usen un estándar distinto se regula la información disponible para el consumidor de manera obligatoria. Esta característica vuelve de facto vinculante la medida, determinó el panel.

La distinción entre obligatorio y voluntario es importante, pues es la única base para clasificar las leyes de un país como normas, o bien, como reglamentos técnicos bajo el Acuerdo OTC. Debido a que la normatividad sobre etiquetado fue considerada por el panel como un reglamento técnico, debe cumplir con las reglas del Acuerdo OTC en el sentido de que las medidas no deben ser más restrictivas al comercio de lo necesario para cumplir su objetivo.

En su apelación, Washington también reclama que el panel erró en su encomienda de evaluar objetivamente la evidencia de que las medidas estadounidenses en realidad sí alcanzan objetivos legítimos a saber: informar a los consumidores y proteger la salud animal.

Asimismo, Washington señala que el panel se equivocó al concluir que el esquema de etiquetado del Acuerdo sobre el Programa Internacional de Conservación de los Delfines (APICD) estaba razonablemente al alcance, y que era una alternativa menos restrictiva al comercio que podía satisfacer los objetivos al mismo nivel que la normativa vigente en materia de etiquetado.

Aunque el panel no le pidió a los EE.UU. usar la definición “dolphin safe” del APICD, sugirió que ambos esquemas de etiquetado podían coexistir en el mercado de los EE.UU., brindando así la información necesaria para los consumidores.

El gobierno estadounidense sostiene que el APICD no es un órgano de estándares internacionales capaz de preparar y adoptar normas internacionales bajo el Acuerdo OTC, como concluyó el grupo especial.

México, quien reconoció la decisión del panel como una victoria para su país y su industria atunera, se enfocará en el alegado de la discriminación durante su apelación. La verificación por parte de observadores independientes de que no murieron o se dañaron delfines durante la pesca, es suficiente para obtener la etiqueta “dolphin-safe” para los países que pescan fuera del Océano Pacífico Tropical Oriental. Pero para México, aparentemente, se piden más requisitos. El panel desechó el argumento del país azteca respecto a que esta distinción representaba una discriminación de facto con base en la nacionalidad.

Según las normas de la OMC, el Órgano de Apelación sólo debe examinar los aspectos jurídicos y las interpretaciones legales comprendidas en el informe de panel. Los hechos no debe ser revalorados, y el Órgano de Apelación tampoco debe involucrarse en las discusiones legales que el panel no haya examinado durante la primera instancia. En principio, el informe del Órgano de Apelación deberá emitirse a no más tardar 90 días luego de que se haya presentado el aviso de apelación. No obstante, el grupo especial en esta disputa ya ha excedido su plazo por más de dos años.

Traducción y adaptación de ICTSD y CINPE. “US, Mexico to Fight Another Round in Tuna Dispute”, Bridges Weekly Trade News Digest, Vol. 16, No. 3, 25 de enero de 2012.

Desde inicios del mes de febrero, los importadores deberán informar con anticipación al gobierno sobre las mercaderías a importar. Formalmente, el gobierno sostiene que se trata de una herramienta más que permitirá agilizar los trámites comerciales, siendo la DJAI un paso adelante hacia la automatización de servicios de “Ventanilla Única”.

Por el momento, tanto empresarios argentinos, importadores como los gobiernos de Brasil y Uruguay cuestionan la medida. Sin embargo, el gobierno y el sector PYMES visualizan positivamente este nuevo requerimiento en la medida que mejora el monitoreo de productos importados e impide así afectaciones severas en el comercio interior de Argentina.

La resolución 3252, con fecha de 5 de enero de 2012, permitirá al gobierno conocer con anticipación qué se va a importar, en qué cantidad, precios y lugar de salida. De acuerdo con la AFIP, el objetivo de la medida es generar una “herramienta informática adecuada para facilitar la transferencia ininterrumpida de información comercial relativa a las operaciones de importación entre todos los organismos gubernamentales que, en el marco de sus competencias, tengan injerencia en las operaciones de comercio exterior”.

El considerando de la resolución señala que la declaración anticipada permitirá contar con información que le facilitará a la Secretaria de Comercio Interior hacer un “análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente,  [...] al mismo tiempo, el acceso a la información contribuirá a una mejor y mayor evaluación del grado de competitividad de la actividad económica, posibilitando la tipificación de las estructuras de costos de los bienes que conforman el mercado”.

Midiendo posiciones

Con el anuncio del nuevo requerimiento, empezaron a perfilarse posiciones a favor y en contra. Por parte del Mercosur, Brasil y Uruguay manifestaron sus inquietudes.

Para el Gobierno de Brasil, la principal preocupación reside en el impacto que la DJAI tendrá sobre los exportadores brasileños de bienes de consumo. Por esta razón, el Ministerio de Desarrollo e Industria de Brasil procedió a realizar contactos iniciales con las autoridades argentinas para realmente determinar el alcance de la medida. Según manifestó a medios locales Manolo Canosa, miembro fundador de la Comisión de Defensa de la Industria Brasileña, la decisión argentina es “proteccionista”, pero probable ante la entrada de productos asiáticos más baratos.

Por su parte, el presidente de Uruguay, José Mujica, admitió que internamente en su país le solicitan declararle la “guerra comercial” a Argentina por las trabas impuestas a sus productos, aunque esto todavía no ha hecho eco. Finalmente, en el caso de Paraguay, se proyecta que la la medida aletargará el comercio de un 17,6% de las mercaderías exportadas a Argentina.

Gran parte de los empresarios argentinos - industriales, importadores, directivos de las principales cadenas de hipermercados - cuestionan, más que la medida, la incertidumbre del proceso. Una de las principales preocupaciones que los empresarios han canalizado por medio de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), es el desconocimiento sobre los criterios que utilizará la AFIP para aceptar o rechazar una declaración jurada. Asimismo, también desconocen el tiempo exacto que tomará la aprobación de las declaraciones.

En contrapeso de estos argumentos, Diego Pérez Santiesteban, presidente de la CIRA, sostuvo que la resolución y la información resultante de la misma, permitirá “incorporar al sistema una base de datos que facilitará el entrecruzamiento de información, y para el importador, en la práctica, solo podrá representar llenar un papel más”.

Otro sector que apoya totalmente el nuevo requerimiento es el de las Pymes. En declaraciones emitidas por la Confederación General Económica (CGE), entidad que  agrupa a las Pymes argentinas, se enfatizó que “las normas para regular las importaciones (son) indispensables para proteger el trabajo argentino y fortalecer el superávit fiscal”.

En el fondo hay un importante esfuerzo de protección al mercado interior, mantenimiento del superávit comercial y demás acciones para paliar los impactos que una economía mundial oscilante podría ocasionar en Argentina.

Reportaje de ICTSD y CINPE; fuentes consultadas:

Críticas y respaldos al freno a importaciones (2012, 13 de enero). La Capital.com. La Aduana analizará con comerciantes las nuevas restricciones para importar  (2012, 15 de enero). Infobae. La AFIP rechazó nuevo pedido de la UIA para prorrogar los controles a las importaciones (2012, 26 de enero). CIRA.

Un total de 256 empresas operan bajo el régimen de zona franca. Según la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, las zonas francas captaron un 27% del total de IED, aproximadamente US$ 420,66 millones.

Durante la última década, US$ 9 de cada US$ 10 de IED instalada en zona franca corresponden a sectores de alta tecnología. Con base en datos del Banco Central de Costa Rica y de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), los tres principales productos de exportación costarricense en 2011 fueron: circuitos integrados, equipos de transfusión e infusión de sueros y prótesis de uso médico, todos generados por empresas extranjeras en zona franca. Las exportaciones de sus servicios representaron US$ 1.666 millones, que corresponde al 33% de las exportaciones totales de servicios costarricenses.

En términos más específicos, las siete nuevas firmas ligadas al sector ciencias de la vida aportaron al país US$ 208 millones. Mientras, el sector de manufactura avanzada creó 255 nuevos empleos, y representó inversiones que ascienden a US$ 120 millones. Por su parte, las llamadas tecnologías limpias reportaron ingresos por $7,8 millones.

WgeneracGGndkjfdkGeneración de empleos de alta tecnología

De acuerdo con datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), un total de 7.728 nuevos empleos fueron generados tanto por los 34 nuevos proyectos de IED como por las reinversiones de las empresas establecidas en alta tecnología de servicios, ciencias de la vida, manufactura avanzada y tecnologías limpias. Estas cifras superan las alcanzadas en 2010, cuando se registró la instalación de 29 nuevos proyectos de inversión, que representaron 7.452 nuevos empleos.

El Presidente de CINDE, José Rossi, afirmó que el buen desempeño del sector de ciencias de la vida ha posicionado a Costa Rica como  el segundo exportador de dispositivos médicos de Latinoamérica (superado únicamente por México). En 2011, este sector creó siete de los nuevos proyectos de inversión que ya se instalaron, y generó casi 2.000 de los nuevos empleos.

En términos de contratación, las compañías multinacionales representaron el 30% del total de empleos creados por el sector privado y 13% del total de oportunidades de trabajo generadas en Costa Rica. Por su parte, la Directora General de CINDE, Gabriela Llobet, calificó estos empleos como de alta calidad, bien remunerados, y que a su vez generaron unos 14.000 empleos indirectos debido a su efecto multiplicador. A este respecto, los sectores de servicios y ciencias de la vida (anteriormente denominado dispositivos médicos) fueron los más dinámicos durante el 2011. Por su parte, el sector de manufactura avanzada sigue recuperando su ritmo de crecimiento, que se vio afectado negativamente por la crisis internacional de 2009.

Perspectivas de IED para 2012

La Directora General de CINDE, Gabriela Llobet, apuntó que las condiciones internacionales podrían afectar negativamente los flujos de inversión proyectados para 2012. Por lo tanto, los esfuerzos de promoción de IED en Costa Rica deberán fortalecerse para competir por nuevos proyectos. La consolidación del posicionamiento nacional como destino para la inversión extranjera implicará mejorar competitividad y clima de negocios. Para lograr ello, se debe continuar trabajando en la capacitación del recurso humano, la simplificación de trámites, el mejoramiento de la infraestructura y de un adecuado marco jurídico para la inversión.

Adicionalmente, los esfuerzos también estarán dirigidos a recuperar el sector de manufactura avanzada, así como desarrollar nuevos nichos de inversión como el de biotecnología (parte del sector de ciencias de la vida) y entretenimiento y medios (área del sector de servicios), y promover el acceso a nuevos mercados geográficos como Latinoamérica, China, India y Europa (Alemania).

El resultado de las negociaciones ligadas a la reforma fiscal, que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, también se espera que afecte la IED durante este año. Esto debido a que en el caso de su eventual aprobación, las empresas que operan en zonas francas tendrían que pagar impuestos sobre sus utilidades, factor que afectaría directamente la atracción de nueva IED.

Reportaje de ICTSD y CINPE; fuentes consultadas:

$9 de cada $10 de inversiones en zona franca son de alta tecnología (2012, 16 de enero). El Financiero. Costa Rica atrajo US$470 millones en inversión en el sector de zonas francas durante 2011 (2012, 16 de enero). CINDE. $470 millones de IED en zonas francas de Costa Rica (2012, 16 de enero). Centralamerica Data.

Una vez finalizado el proceso formal de aprobación del acuerdo por parte de ambos países, a inicios del mes de febrero entrará en ejecución el nuevo acuerdo. El Senado mexicano, por su parte, finalmente dio su sí el pasado 15 de diciembre. Después de un periodo de negociación de más cinco años y de debates (ver Puentes Quincenal Vol XIII, No 12 http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/111042/), finalmente México y Perú estrenarán acuerdo comercial.

El acuerdo fue formalmente registrado ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) este lunes 30 de enero, según un comunicado de prensa divulgado por esta instancia. Formalmente, el Acuerdo de Integración Económica Perú - México establece compromisos en cuatro grandes rubros: a) comercio de bienes, a través del cual se definen la parte arancelaria, reglas de origen, procedimientos aduaneros, reconocimiento mutuo de denominaciones de origen, salvaguardas, b) medidas sanitarias y fitosanitarias, c) obstáculos al comercio y d) prácticas desleales.

De acuerdo con declaraciones del representante de México ante la ALADI, Cassio Luiselli, el presente acuerdo es un convenio “de última generación, que incluye la liberación de bienes, servicios, movilidad de personas, reconocimiento a los institutos universitarios”, y que crea “una sinergia integradora muy poderosa” entre ambos. A su vez, Jorge Tello, representante de Perú ante la institución manifestó que el pacto cubre casi todo el universo dentro del comercio bilateral y que “se trata de un acuerdo que su país desea llevar a los demás países de la organización”.

Al igual que otros pactos comerciales de esta naturaleza, el objetivo central de Acuerdo México-Perú es la consecución de mejores condiciones en los términos de intercambio comercial entre las naciones, tomando en cuenta un comercio bilateral en expansión y un proceso en el cual se logren eliminar las barreras al comercio, así como la promoción de condiciones de competencia leal.

Los principales sectores mexicanos beneficiados con el tratado son: medicamentos, productos curtientes orgánicos sintéticos, colorantes, películas, herbicidas, blanqueadores, resinas, fibras, calzado. Por su parte, el sector maderero y conexos, como el de muebles procesados, así como los productos agropecuarios se verán apoyados con el acuerdo. Según información de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 45,95 % de las ventas a México corresponden a productos no tradicionales, principalmente del sector madera y agropecuario.

Comercio bilateral en aumento

Entre los años 2000 y 2010, el intercambio comercial entre Perú y México creció a una tasa anual del 13%, pasando de US$ 414 millones a US$ 1.456 millones. Se estima que, el comercio bilateral se duplicará en el próximo quinquenio con la suscripción del nuevo acuerdo.

Según información divulgada por la Embajada de México en Perú, el comercio entre los dos países se incrementó 238% en la última década. Las inversiones mexicanas en el Perú ascendieron a más de US$ 10.000 millones; además, Perú es el segundo destino en América Latina para las inversiones mexicanas.

Reportaje del ICTSD y CINPE; fuentes consultadas:

Acuerdo de Integració​n Comercial México/Perú entra en vigor el 1 de feb. Diario Perúpunto.com (2012, 26 de enero). El 1 de febrero entrará en vigencia Acuerdo Comercial Perú-México (2012, 25 de enero). Agencia Peruana de Noticias. México y Perú registran en la ALADI un nuevo acuerdo de integración comercial (2012, 30 de enero). Agencia EFE.

La preocupación del mandatario ya fue aclarada por el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, al explicar que su país cuenta con contratos de venta del producto para los próximos años. Villegas señaló que Bolivia es competitiva vía precios, e incluso lo será después del 2021, pues los precios de referencia serán menor que el precio del gas extraído del mar y del gas licuado natural (LNG) que podrán adquirir Brasil y Argentina.

Para Brasil, el contrato suscrito rige hasta el año 2020, periodo en el cual los envíos de gas se encontrarán en un rango mínimo de 24 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) y un máximo de 31 MMmcd. Por su parte, el contrato con Argentina cubre un lapso mayor, hasta el año 2025, y a la fecha un total de 7,7 MMmcd son vendidos a este destinatario. Las proyecciones de venta consideran un aumento en el envío de hasta los 27,7 MMmcd para el año 2017.

En el caso del gigante amazónico, los enormes hallazgos de los últimos años ocurrieron  tanto en tierra como en aguas del Océano Atlántico. En Argentina, la compañía petrolera española Repsol anunció en noviembre de 2011 el descubrimiento de un yacimiento de petróleo no convencional en Neuquén, el cual fue presentado como el más grande de su historia.

Baja inversión en exploración de gas natural comprometería expansión futura

En diferentes ocasiones la empresa estatal YPFB ha anunciado negociaciones en torno a nuevos convenios de venta de gas con Paraguay y Uruguay, pero sin resultados concretos. Lo más preocupante de estos esfuerzos de expansión es que Bolivia requerirá mayor inversión en exploración de pozos de gas para incrementar sus reservas y asegurar mercados a futuro.

Según el analista petrolero y ex ejecutivo de YPFB, Hugo Del Granado, “las inversiones exploratorias son mínimas y han sido mínimas en el curso de los últimos seis años. Colombia, por ejemplo, ha perforado 185 pozos exploratorios el año pasado; este año va a perforar 205 pozos y nosotros no podemos superar la decena”. El sector oficial afirma que las cifras de las reservas de hace más de seis años fueron infladas para facilitar el proceso de privatización, mientras que la oposición señaló que las reservas cayeron debido al proceso de nacionalización decretado por el presidente Morales.

En 2004 Bolivia ocupaba una posición de potencia energética en la región, por detrás de Venezuela, con reservas probadas de gas natural iguales a unos 751.000 MMmcd. A mitad del año pasado, un estudio de la firma Ryder Scott de EE.UU. certificó que las reservas probadas del país eran sólo de 281.000 MMmcd.

Al presidente Morales, recién iniciado su séptimo año en el poder el pasado 22 de enero, le espera una agenda nacional cargada de enormes retos, con especial consideración en el tema de hidrocarburos y crecimiento económico. Ante estos hechos, es probable que se deba realizar una revisión de la política de hidrocarburos en Bolivia y sobre todo, la consideración de nuevas opciones de proyectos ante un eventual abastecimiento interno por parte de Brasil y Argentina.

Reportaje de ICTSD y CINPE; fuentes consultadas:

A Morales le preocupa que Argentina y Brasil prescindan del gas boliviano (2012, 14 de enero). Agencia EFE. Descartan que Brasil y Argentina prescindan de gas boliviano (2012,16 de enero). La Jornada. Inquietud en Bolivia por baja inversión en exploración de gas natural (2012, 26 de enero). Hidrocarburosbolivia.com.

9 de febrero. Gestión del riesgo de tipo de cambio en el comercio internacional. ICEX - Enterprise Europe Network - PromoMadrid - CEIM. Madrid, España. http://www.promomadrid.com/inicio.php?sector=internacional&idioma=sp&contenido=57#3

14 - 15 de febrero. Consejo General de la OMC. Ginebra, Suiza. http://www.wto.org/

15 de febrero. Cumpliendo con los Controles de Exportación de EE.UU. Bureau of Industry and Security. Miami, EE.UU. http://www.bis.doc.gov/about/index.htm

20 de febrero. Curso. Curso: La Banca Central Moderna: Un Enfoque Integral. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. México. http://www.cemla.org/pdf/2012-eventos-fecha.pdf

20 - 24 de febrero. Congreso Internacional del Banano. San José, Costa Rica. http://www.congresointernacionaldebanano.com/

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