Chile mantiene en suspenso la ratificación del Acuerdo Escazú

10 October 2018

El Acuerdo Escazú, el primer tratado vinculante en política ambiental de la región, está abierto desde el 27 de septiembre pasado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (Estados Unidos) para la firma de ratificación de los países adherentes. Once países ya firmaron el Acuerdo, lo que asegura su puesta en vigor. Sin embargo, Chile -uno de los países promotores del acuerdo- mantiene en suspenso su ratificación. El motivo: la disputa con Bolivia por la salida al mar.  

 

El 4 de marzo finalizó en Escazú (Costa Rica) la novena reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10, que dio lugar a la creación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El acuerdo marca un hito en la región por su carácter vinculante: los países que lo firmen deberán garantizar los tres ejes fundamentales de la llamada “democracia ambiental” descritos en el título del acuerdo (véase Puentes Vol. 19 N.° 4). Recordemos, la región transita una acuciante problemática social por los numerosos asesinatos registrados a activistas ambientales (véase Boletín de Noticias Puentes).

 

Los países que ya firmaron la ratificación son Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Ecuador, Guyana, Haití, México, Perú, Santa Lucía y Uruguay. También firmaron el acuerdo Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana -países integrantes del  Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

 

Si bien desde el 27 de septiembre se abrió un período de dos años para recibir las firmas de ratificación, llama la atención que Chile aún no lo haya hecho -junto con Costa Rica, fueron los países promotores del acuerdo. Como se señala desde World Wildlife Fund (WWF) de Chile, este acuerdo es esencial para avanzar en los 116 conflictos ambientales que se encuentran identificados hasta la fecha en el país.

 

El punto crítico que explicaría la conducta de Chile radica en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 11 del Acuerdo, que sostiene que “las partes prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe”. La referencia a “países sin litoral” refiere claramente a Bolivia (y también a Paraguay).

 

Esta decisión se da coincidentemente al tiempo que la La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, falló a favor de Chile en la demanda interpuesta en 2013 por Bolivia en busca de lograr una salida al mar. Con 12 votos a favor y 3 en contra, se dictaminó que Chile “no está jurídicamente obligado a hacerlo, porque ninguno de los acuerdos o tratados firmados por ambos países a lo largo de los años así lo indica”, pero también se invitó a los dos gobiernos a buscar un diálogo sobre el asunto.

 

La ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, justificó el proceder de su país alegando que se trata solamente de una postergación en la firma a fin de analizar que el acuerdo no ponga en riesgo la soberanía del país.

 

Reportaje ICTSD

 

Otras fuentes consultadas:

 

BBC. Fallo de La Haya: qué efectos económicos tendría para Bolivia y Chile la salida al mar con soberanía que reclama La Paz. (01/10/2018).

 

Efe Verde. El IPCC habla de “cambios sin precedentes” para limitar que la temperatura suba 1,5 grados. (08/10/2018).

 

El Mostrador. Ministra Schmidt explica por qué no se firmó el Acuerdo de Escazú: “No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país”. (01/10/2018).

 

La Tercera. “Países sin litoral”: el artículo que complica a Chile por Escazú. (06/10/2018).

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