Comercio internacional, seguridad alimentaria y cambio climático: el desafío de producir más con menos para alimentar al mundo

30 August 2018

Las proyecciones actuales de la población global estiman que para el año 2050 el planeta estará habitado por 10.000 millones de personas aproximadamente. A fin de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 2 (ODS 2) de la Agenda 2030 (punto 1 y 2, hambre y malnutrición cero incluidos), será necesario un aumento de como mínimo el 60% en la productividad agrícola global para satisfacer la demanda en expansión de alimentos debido a esta población creciente. En consecuencia, el desafío de la seguridad alimentaria ya no se plantea solo como una cuestión de calidad, sino también como un problema de disponibilidad. Y este desafío de producir más alimentos hoy se contextualiza en la circunstancia especial del cambio climático. En este sentido, el ODS 12 establece como prioridad la producción y el consumo responsable, reduciendo la huella ambiental del crecimiento y desarrollo económico, mediante una gestión eficiente de los recursos que disminuya la presión sobre el ambiente. Por lo tanto, el reto inicial se duplica: hay que producir más, pero con los mismos o inclusive con menos recursos.

 

En la resolución de esta nueva ecuación aparece un novedoso paradigma productivo, la bioeconomía, que sustituye el modelo convencional de producción. La bioeconomía consiste en la producción sustentable de bienes y servicios a través del uso y transformación de recursos biológicos, implementando la circularidad como principio rector y el enfoque de cascada como maximizador de la eficiencia productiva. Específicamente en la producción de alimentos, se impone dentro de este paradigma la agricultura de conservación o climáticamente inteligente, que reduce el impacto ambiental y aumenta el rinde mediante buenas prácticas. De esta manera, la producción de alimentos y la mitigación del cambio climático se presentan como desafíos asociados.

 

En este nuevo escenario, los estándares ambientales aparecen como atributos diferenciadores entre los alimentos. En un inicio, estos fueron desarrollados de manera privada por mesas sectoriales (puede citarse como ejemplo a las de la soja, la palma y la carne vacuna) y, en paralelo, por las cadenas de retailers de los países desarrollados demandantes de alimentos (TESCO, Wallmart, Carrefour, Casino etc.), donde los consumidores han sido tempranamente educados sobre el cambio climático y, en consecuencia, son ambientalmente más conscientes sobre sus consumos. Estos estándares privados, aplicados tanto para proveedores locales como importadores, no son vinculantes y pueden definirse como condiciones comerciales entre privados que permiten la pertenencia a un club diferenciado. Actualmente, la mayoría de las cadenas de supermercados, cadenas de valor y incluso cadenas de restaurantes en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos desarrollaron sus propios estándares ambientales basados en el análisis de ciclo de vida (con diferentes límites y alcances) o adoptaron certificaciones ambientales internacionalmente reconocidas, que en ambos casos definen su red de proveedores sustentables mundiales fidelizados.

 

De esta manera, conviven una multiplicidad de estándares ambientales con diferentes niveles de impacto, indicadores, metodologías de cálculo y etiquetas para un mismo producto. Por política espejo y/o política corporativa matriz-filial, otros mercados han ido adoptando iguales prácticas y desarrollando sus propios estándares ambientales. Así es como actualmente pueden observarse estándares ambientales en casi la totalidad de los mercados de alimentos.

 

Ante la coexistencia de diferentes estándares privados, la necesidad de evitar fugas ambientales en mercados no regulados y ante los compromisos vinculantes firmados por los Estados dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, por su sigla en inglés), los gobiernos han decidido comenzar a regular los estándares ambientales de los productos. Es así como se llega a los estándares públicos en materia ambiental – los que deben ajustarse a los compromisos multilaterales asumidos por los Estados tanto en materia ambiental como comercial. Estos estándares deben: i) tener como objetivo la mitigación del cambio climático como interés legítimo; ii) ser consistentes con el ordenamiento interno; iii) ser efectivos en su resultado (tener científicamente demostrada la relación causa-efecto); iv) ser necesarios (por lo cual debe probarse que no existe ninguna medida menos restrictiva que alcance de igual modo el mismo objetivo); y, por sobre todas las cosas, v) no constituir una medida encubierta para obstaculizar el comercio internacional.

 

En la actualidad, existen estándares públicos vinculantes, como la Directiva de Energía Renovable (RED, por su sigla en inglés) para el acceso de biocombustibles en la UE, además de estándares no obligatorios, como el Estándar de Combustible Renovable (RSF, por su sigla en inglés) en Estados Unidos; la Huella Ambiental del Producto (PEF, por su sigla en inglés) en la UE; y la Huella de Carbono del Producto (CFP, por su sigla en inglés) en Corea.

 

El caso de la PEF en la UE merece ser analizado brevemente. Esta huella ambiental es un estándar multicriterio de 14 categorías de impacto potencial, basado en un análisis de ciclo de vida ambiental y una aproximación por producto. No aspira a ser un estándar de sustentabilidad, sino un estándar netamente ambiental para productos y servicios intermedios y finales. Tiene como objetivo la comunicación de la performance ambiental tanto por vía B2B (Business to Business) como B2C (Business to Consumer).

 

Hasta el momento, la PEF ya ha trabajado en 27 categorías de productos, de los cuales 11 son alimentos, bebidas y piensos. Su desarrollo comenzó en 2011 con el análisis de todas las metodologías de cálculo vigentes en la materia, alcanzando en 2014 una guía metodológica final y, en 2016, una guía de implementación, mecanismos de verificación, criterios de comunicación y guías de producto. Además, durante los años 2016 y 2017 se realizaron consultas públicas en el sector de alimentos, bebidas y piensos para relevar los comentarios a escala global. Actualmente se encuentran en una etapa de evaluación interna y auditoría externa, dentro de una fase de transición que tiene como objetivo el desarrollo de una propuesta política. Durante todo su proceso, la UE invitó a participar a todos los actores involucrados directa o indirectamente a escala global (gobiernos comunitarios y extracomunitarios, sector académico, ONGs y consumidores) de manera de alcanzar el máximo consenso y la armonización de todas las iniciativas vigentes. Es por todo esto que se considera que el desarrollo de la PEF definirá los próximos pasos de los estándares ambientales a nivel mundial.

 

De esta manera, hoy los productos agroindustriales transables se enfrentan, a escala global, a estándares ambientales de diferente naturaleza: i) privados intracadena; ii) privados dentro de sus canales de comercialización; iii) públicos obligatorios para el acceso a mercado; y iv) públicos no obligatorios. Todos ellos constituyen en materia ambiental condiciones de acceso a mercado. Aunque inicialmente se presentaron dentro de un mercado de specialities como una alternativa de diferenciación y, por lo tanto, de agregación de valor, actualmente constituyen requisitos para la participación en el mercado internacional agroindustrial. Si bien aún no son obligatorios, sí llevan a excluir a proveedores dentro de las cadenas de suministro global. Es por ello que la agricultura de conservación se impone en cualquier estrategia de comercialización internacional de bienes agroindustriales.

 

Frente a este cambio de paradigma productivo, tanto los agentes privados como los gobiernos tienen un rol que cumplir. Los agentes privados persiguen beneficios particulares y, en este sentido, el incentivo para la implementación de una agricultura de conservación está vinculado a un listado de externalidades positivas: i) el acceso a mercados; ii) la reducción de costos por uso eficiente de los insumos y reutilización de los residuos; iii) la conservación de la tierra; iv) los servicios ambientales; v) la mejora en la imagen corporativa; y vi) el acceso a fuentes de financiamiento verde. Para acceder a todo esto el sector productivo, como agente de cambio, es quien debe implementar la agricultura climáticamente inteligente tranqueras adentro, fidelizar a sus proveedores de insumos sustentables, participar en el desarrollo de los estándares ambientales a nivel regional y mundial e invertir en innovación y desarrollo tecnológico ambientalmente eficiente.

 

Por su parte, el Estado tiene como misión la persecución del bien común y, por lo tanto, debe propiciar el marco para el desarrollo e implementación de la agricultura climáticamente inteligente con vistas a mitigar el cambio climático y alcanzar la seguridad alimentaria. Si bien existe un consenso mundial unánime respecto a estas metas, el mercado actual no está generando el beneficio económico que conduzca a la implementación privada generalizada de la agricultura de conservación. Es por ello que la intervención estatal es primordial. En el ámbito doméstico, el Estado debe: i) ofrecer incentivos económicos para la adopción de prácticas ambientalmente eficientes, dentro de las prácticas permitidas en el Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Decisión de Nairobi de 2015; ii) atraer y orientar inversiones privadas hacia proyectos que directa o indirectamente conlleven la implementación de la agricultura de conservación; iii) favorecer la innovación y el desarrollo tecnológico, protegiendo la propiedad intelectual; iv) capacitar a productores, acompañando especialmente a los pequeños productores de economías regionales; v) sensibilizar a los consumidores en la materia; y vi) fomentar la investigación y cálculo de valores de impacto propios (de manera de evitar valores por defecto que se alejen de las prácticas locales).

 

El Estado también debe participar de forma proactiva en el desarrollo público-privado de los estándares ambientales en el ámbito regional y multilateral. Este debe incluir en el análisis del ciclo de vida las prácticas locales, asegurar la participación de todos los actores de la cadena de producción global (“desde la cuna a la tumba”) y consensuar un estándar de etiquetado de manera de no desinformar al consumidor. En última instancia, el Estado debe velar para que los estándares ambientales se ajusten al derecho, evitando medidas ambientales discriminatorias que, de manera encubierta, obstaculicen el comercio agroindustrial internacional, ya que este tiene un rol crítico y fundamental en el desafío de la seguridad alimentaria, a través de la redistribución mundial de los alimentos, la expansión del mercado y la diversificación de la oferta. Sin comercio internacional no es posible alcanzar el ODS 2.

 

En vistas a la facilitación del comercio, la multiplicidad de los estándares ambientales deberían encaminarse hacia la armonización y equivalencia, materia en la cual el Estado tiene la competencia exclusiva a nivel multilateral, regional y bilateral, alcanzando acuerdos de reconocimiento mutuo.

 

A nivel general, dentro del andamiaje normativo multilateral del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés), en donde el Estado tiene competencia exclusiva, y siguiendo el mandato de Doha, los países miembros deberían propiciar dentro del Comité de Comercio y Medio Ambiente el debate sobre cómo el sistema de comercio puede realizar una contribución positiva y significativa para frenar el deterioro ambiental, favoreciendo el comercio de alimentos ambientalmente eficientes por sobre los convencionales. Actualmente se ha avanzado en un Acuerdo de Bienes Ambientales (ABA). Si bien no existe a la fecha consenso sobre la definición de bien ambiental, el acuerdo se orienta a facilitar el acceso a tecnologías que favorezcan las prácticas ambientalmente eficientes dentro de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL). Es en este punto donde los Estados deberían delinear un sistema de comercio que aplique preferencias y ayudas al comercio para los productos agrícolas ambientalmente eficientes de manera de generar una externalidad que favorezca la generalización de la agricultura de conservación.

 

Por último, dentro del marco legal ambiental, y partiendo del principio de responsabilidades diferenciadas en el marco de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente, los Estados deben seguir velando por la transferencia de tecnología y de fondos a los países en desarrollo, de manera de facilitar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La agricultura de conservación y la implementación de estándares ambientales también son herramientas efectivas que deben tener un lugar dentro de los esquemas de asistencia financiera. En los países en desarrollo basados en la producción de alimentos, los costos y el acceso a la tecnología constituyen obstáculos para la generalización de la agricultura climáticamente inteligente. En este sentido, se están comenzando a desarrollar interesantes iniciativas en las cuales los gobiernos incluyen, dentro de sus planes generales nacionales y sus contribuciones en el marco del Acuerdo de París, programas de agricultura de conservación e iniciativas de desarrollo e implementación de los estándares ambientales de productos.

 

A partir del desafío de conciliar el comercio internacional, la seguridad alimentaria y el cambio climático, los estándares ambientales llegaron para quedarse. Depende tanto de los productores como de los Estados hacer de ellos una herramienta efectiva para favorecer y expandir de manera ambientalmente eficiente el comercio internacional de productos agroindustriales.

 

* Sabine Papendieck es consultora en comercio internacional, acceso a mercados y sustentabilidad. Socia Gerente de ESTRATECO.

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30 August 2018
El artículo analiza el impacto de los patrones productivos y de consumo de los países en las desigualdades ambientales entre el Norte y el Sur. Además, la autora discute las posibilidades de “desmaterialización” en el actual esquema de cadenas globales de valor.
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30 August 2018
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